Pocoyó contra la CNMV

La Policía Nacional cuenta con una nueva denuncia que habla de una trama corrupta en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Hace dos semanas, José María Castillejo Oriol -máximo responsable de la cotizada Zinkia- compareció ante los agentes especializados en delincuencia financiera y explicó cómo varios funcionarios de la CNMV impusieron a su empresa sanciones presuntamente injustas para propiciar su entrada en concurso de acreedores.

El testimonio del presidente y primer accionista de Zinkia se suma al de otros dos denunciantes con patrones comunes: los responsables de Vetusta y Dracon Partners. Según ha confirmado EL ESPAÑOL, los tres mantienen en sus declaraciones ante la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) una constante, la imposición de sanciones presuntamente injustas tras la decisión de un grupo concreto de funcionarios.

En su propuesta de investigación -remitida el pasado mes de agosto a la Fiscalía de la Audiencia Nacional- los agentes ponen el foco en cinco funcionarios concretos. Cinco responsables de la CNMV a los que ahora desgranan su patrimonio. El objetivo principal es localizar un posible enriquecimiento ilícito. Un desfase en sus cuentas y propiedades que dé paso a una investigación judicial por parte de la Audiencia Nacional. 

Además del testimonio de Castillejo, que ha declinado hacer declaraciones a este diario, los agentes trabajan para confirmar o desmentir las revelaciones de dos nuevos testigos, dos empleados del organismo que han decidido dar el paso y cuya identidad se guarda en el más absoluto anonimato. Ambos testimonios ponen el foco en la arbitrariedad y falta de diligencia en la custodia de los documentos por el organismo público.

Trabas y sanciones

Según ha confirmado este diario, la denuncia del responsable de Zinkia ante la Policía se centra en dos cuestiones fundamentales: la sanción que el regulador impuso en 2011 a la compañía por supuesto abuso de mercado y la oposición frontal de la CNMV a la segunda emisión de bonos de la empresa, que propició entre otras cuestiones la entrada de sociedad en concurso de acreedores.

En el primer caso y según la versión del denunciante, los funcionarios acusaron a Zinkia de manipular el precio de sus acciones con la compra de autocartera. El problema es que en esa misma fecha, un informe del Mercado Alternativo Bursátil (MAB), el mercado regulado donde cotiza esta productora, niega de forma tajante la existencia de esta infracción. A pesar de ello, la empresa y su principal directivo fueron multados con 160.000 euros y la sanción se hizo pública en los principales medios financieros.

El segundo episodio sucedió en julio de 2013, cuando los responsables de la CNMV se negaron a autorizar una segunda emisión de bonos por parte de Zinkia. En una primera fase, el organismo regulador obligó a Zinkia a poner una nota en la carátula de la documentación para buscar inversores institucionales. El anuncio decía textualmente que “Zinkia no cuenta a corto plazo con liquidez suficiente para atender a sus deudas”.

En el caso de los inversores minoristas, la emisión aprobada el 7 de octubre de 2013 llevaba un anuncio todavía más duro. Explicaba incluso que las cuentas de la compañía habían sido analizadas por un experto independiente. Un experto aceptado por la CNMV, que aun así no validaba los números. Además, el organismo alertaba de que la remuneración, en su opinión, era baja, algo que está fuera de sus competencias. A falta de confirmación oficial por parte de la CNMV, este es el único caso en el que el organismo ha colocado un anuncio semejante.

En su denuncia, el máximo responsable de la productora enmarca estas maniobras en la pelea jurídica que mantiene con varios accionistas minoritarios por el control de Zinkia, encabezados por el mexicano Miguel Fernando Valladares García y la Fundación Santa María de los Peñotes. 

Sobre el terreno

La versión de Castillejo, junto con varios anexos documentales presentados por el empresario, está ya en manos de la Fiscalía de la Audiencia Nacional. Ella será la encargada de determinar si existen motivos suficientes como para abrir una investigación judicial o apuesta por desechar el caso.

Mientras, los investigadores recaban nuevos testimonios y se afanan por confirmar si la CNMV ha entregado toda la documentación de los expedientes de Vetusta y Dragon, tal y como autorizó el fiscal encargado de la causa. Tras varias semanas de espera, el volumen de información en papel es tan grande que ha sido necesario indexar los documentos a mano durante varios días para confirmar si el organismo ha enviado o no la documentación completa.