¿Y ahora qué? El Constitucional, el fiscal y Rajoy tienen la palabra

¿Qué iniciativas tomará Rajoy?

Responde Ana I. Gracia. El Gobierno ha pedido este lunes un dictamen, con carácter de urgencia, al Consejo de Estado sobre la impugnación de la resolución secesionista ante el Tribunal Constitucional. Con ese informe, que estará en manos del Ejecutivo en menos de 24 horas, el presidente del Gobierno convocará un Consejo de Ministros extraordinario este miércoles por la mañana y presentará la impugnación, pidiendo la suspensión del acuerdo del Parlament.

Si se incumple la suspensión, el Gobierno “actuará con proporcionalidad”. De entrada, planteará "un incidente de ejecución" para instar al TC a adoptar las nuevas medidas introducidas el pasado octubre en la ley. El propio Gobierno puede actuar como ejecutor de esas medidas si el tribunal se lo pide, por ejemplo para materializar la suspensión de la autoridad catalana que no respete la suspensión.

El Gobierno también tiene en su mano el artículo 155 de la Constitución, que le permite adoptar las "medidas necesarias" para obligar a una comunidad autónoma a cumplir sus obligaciones.

¿Cómo van a reaccionar los partidos nacionales?

Responde Ana I. Gracia. PSOE: Pedro Sánchez ha hecho una declaración institucional desde la sede de Ferraz justo cuando ha terminado el presidente del Gobierno. El secretario general del PSOE apoyó públicamente la impugnación anunciada por Rajoy y fue contundente contra el desafío soberanista: "La mayoría de catalanes no quiere la secesión. Violar la ley es renunciar a la democracia. Quienes hoy han decidido situarse fuera de la ley han asumido una grandísima responsabilidad". Rajoy y Sánchez se verán este martes en la Moncloa.

Ciudadanos: su líder, Albert Rivera, ha hablado por teléfono con la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría. Ha sido la mano derecha del jefe del Ejecutivo la que le ha comunicado las líneas que marcarán la actuación del Ejecutivo esta semana para frenar el desafío soberanista. Rivera sólo ha hecho una declaración a través de un medio de comunicación y ha afirmado que "aprobar la resolución de independencia es un golpe a la democracia". De momento, Rajoy no le ha convocado en la Moncloa.

Izquierda Unida: el candidato a la presidencia del Gobierno por Unidad Popular, Alberto Garzón, ha afirmado que la deriva del proceso abierto conduce hacia "un callejón sin salida" que "beneficia a Artur Mas y a Rajoy" y que sólo se puede evitar con política. Garzón ha considerado que lo ocurrido este lunes en el Parlament "malinterpreta los resultados electorales" del 27-S, porque "no hubo una mayoría de votos independentistas".

La vía del recurso ante el Tribunal Constitucional que ha anunciado el Gobierno no sirve, según Garzón, porque "aunque las leyes están para cumplirse", los políticos deben ejercer su papel en lugar de convertirse en "funcionarios". "Estamos a tiempo de hablar todos", apostilló.

UPyD: el líder, Andrés Herzog, cree que "no es el momento"de reuniones bilaterales PP-PSOE. "Es el momento de la suma de todos los demócratas". Asimismo, considera que el Gobierno de España "no puede esperar a mañana, a dictámenes, hay que actuar ya". Además, el sucesor de Rosa Díez reta al Rey Felipe VI a "ganarse el sueldo y decir algo como garante de la unidad de España".

¿Qué hará el Consejo de Estado?

Responde María Peral. No hay ninguna duda de que el máximo órgano asesor del Gobierno, que se reúne este martes, respaldará la impugnación de la resolución secesionista. Lo hizo cuando el Parlament aprobó la llamada declaración soberanista en enero en 2013, en la que se acordó "iniciar el proceso para hacer efectivo el ejercicio del derecho a decidir", y el texto aprobado este lunes va mucho más allá.

¿Qué hará el Tribunal Constitucional?

Responde María Peral. El TC suspenderá la ejecución de la resolución independentista en cuanto la impugnación del Gobierno tenga entrada en el registro del tribunal y se reúna el pleno, lo que hará de inmediato y con carácter extraordinario, puesto que esta semana no hay prevista reunión ordinaria. La medida cautelar de suspensión es automática (la Constitución obliga a adoptarla de forma imperativa) y no generará controversia entre los magistrados.

¿Cómo responderá el TC si se le desobedece?

Responde María Peral. El problema de verdad vendrá cuando el Parlamento de Cataluña, el Gobierno autonómico o cualquier otra autoridad o particular desobedezcan la suspensión, que tiene efecto para todos. Desde el 17 de octubre, cuando entró en vigor una reforma exprés de la Ley Orgánica del TC, el Constitucional tiene en su mano medidas muy expeditivas para hacer cumplir sus resoluciones, tales como la imposición de multas o la suspensión de la autoridad que desobedezca, incluso sin dar audiencia previa a nadie.

No ha habido un debate en el tribunal sobre esta reforma pero, a título individual, muchos magistrados son reacios a adoptar esas medidas -especialmente la suspensión- porque las consideran impropias del TC y porque creen que el Gobierno está eludiendo su propia responsabilidad.

¿Qué hará la Fiscalía?

Responde María Peral. Reaccionará por la vía penal en cuanto se produzca el incumplimiento de la suspensión que dicte el Tribunal Constitucional. El delito de desobediencia sería claro pero, en función del avance y gravedad de los acontecimientos, incluso se podría configurar un delito de conspiración para la sedición.

En la vía constitucional la Fiscalía apoyará la adopción de medidas por el TC y en el ámbito contencioso-administrativo esperará a que se produzca un acto administrativo impugnable (no lo es el acuerdo del Parlament, que no tiene naturaleza administrativa).

¿Qué hará el Parlament?

¿Qué ocurrirá con el Gobierno de Cataluña?

Responde Pol Pareja. Es probable que quien tenga que empezar a tramitar esas leyes no sea el nuevo Govern sino el anterior Ejecutivo en funciones. Éste muestra muchas más fisuras sobre el camino unilateral que el futuro Ejecutivo, en el que habrá consellers de ERC y miembros del ala más soberanista de CDC.

La CUP ha reiterado que no apoyará a Mas ni en la primera ni en la segunda votación, que se celebrará el jueves en el Parlament. Se podrán realizar tantas votaciones como se crea necesario hasta el 9 de enero, fecha en la que se deberán convocar nuevas elecciones si no hay presidente.

Esta semana la formación anticapitalista propondrá a JxS un nuevo candidato, probablemente Neus Munté. Está por ver si CDC claudicará ante la CUP y aceptará investir a un miembro de su partido que no sea Artur Mas. En este caso se desbloquearía la situación y se podría formar el nuevo Govern.

En el caso de que CDC no acepte un candidato alternativo a Mas, la presión se trasladaría a la CUP, que en principio no tiene intención de ceder. En este caso ganaría fuerza el escenario de unas nuevas elecciones, que se celebrarían en marzo.

¿Qué harán las Fuerzas Armadas?

Responde Gonzalo Araluce. "Si todo el mundo cumple con su deber, no hará ninguna falta ninguna actuación”. Las declaraciones que hizo en septiembre el ministro de Defensa, Pedro Morenés, dejaban entreabierta la posibilidad de que las Fuerzas Armadas intervengan ante una hipotética independencia de Cataluña.

La Constitución indica que los ejércitos españoles tienen como fin "garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional". Fuentes de las Fuerzas Armadas indican que cumplirán el mandato que reciban de sus superiores, aunque no imaginan “a los carros blindados paseando por las Ramblas”.

¿Qué posición tomará la UE?

Responde Juan Sanhermelando. Aunque la resolución secesionista pide iniciar negociaciones con la UE sobre la creación de un Estado catalán, la reacción de los líderes europeos será ignorar este llamamiento, no reconocer la declaración aprobada por el Parlament y apoyar la unidad de España y al Gobierno de Mariano Rajoy.

La Comisión Europea ha sido la primera en desentenderse de la resolución independentista. “No hacemos comentarios sobre cuestiones que tienen que ver con el orden constitucional interno de nuestros estados miembros”, ha dicho este lunes el portavoz del Ejecutivo comunitario, Margaritis Schinas. Y se ha remitido a la posición tradicional de Bruselas sobre este tema, que data de los años de Romano Prodi: cualquier territorio de un estado miembro que se independice quedará automáticamente fuera de la UE.

¿Afectará a los mercados?

Responde Javier Jorrín. Todo dependerá de si el mercado cree que la unidad de España está en riesgo. Si sus dudas se convierten en certezas, los inversores buscarán colocar su dinero en otro país con mayor estabilidad política. Sin valorar la inseguridad política, España y Cataluña tienen los mismos problemas ante los inversores. Por un lado, ambas tienen mucha deuda. Y por otro, las dos necesitan del ahorro externo para refinanciarla. Es aquí donde se vuelve clave el apoyo de los mercados, tanto para Cataluña como para España, ya que sin ellos, sería imposible mantener el sistema y el Estado del Bienestar entraría en quiebra.