La colocación de Bankia era casi una cuestión de Estado. España quería demostrar que su sistema financiero volvía a ser solvente y que había recuperado el beneplácito de los inversores. Sin embargo, a medida que se acercaba la fecha del 20 de julio de 2011, la situación en los mercados se complicaba por el contagio de Grecia a los países periféricos. Un mes antes, Telefónica cancelaba la salida a bolsa de su filial Atento por la situación de inestabilidad que vivían los mercados, pero el Estado no quería dar marcha atrás con la salida de Bankia. Además, la entidad necesitaba captar 3.000 millones de euros y si no los ponía el mercado, tendría que ser rescatada con dinero público.

La operación salió adelante a pesar de todos los contratiempos y el presidente de la entidad en ese momento, Rodrigo Rato, pudo tocar la campana de la bolsa. En esa salida, los bancos colocadores tuvieron un papel muy relevante para convencer a los accionistas minoritarios y a los institucionales. La salida a bolsa sedujo a más de 300.000 ahorradores, que decidieron invertir en títulos de Bankia. Ahora, casi cinco años después, el Tribunal Supremo dicta que el folleto de la emisión contenía “graves inexactitudes”, lo que pone en entredicho el papel de las entidades colocadoras.

Algunos de los mayores bancos de inversión participaron en la emisión. JPMorgan (que también fue nombrado agente de estabilización de las acciones), Bank of America, Merrill Lynch, Deutsche Bank y UBS, junto con la propia Bankia, formaron el grupo de “entidades colocadoras globales”. Además, Barclays, BNP y Santander formaron parte del grupo de “entidades directoras del tramo para inversores cualificados”.

Todos ellos daban su visto bueno en el folleto: “Declaran que han efectuado las comprobaciones que, razonablemente, según criterios de mercado comúnmente aceptados, han sido necesarias para contrastar que la información contenida (…) no es falsa, ni se omiten datos relevantes requeridos por la legislación aplicable”.

Las entidades contratadas también contribuyeron a fijar el precio al que se iban a colocar las acciones, un paso clave en las operaciones de salida a bolsa, que se hace a través de su valoración de la compañía. Los informes de UBS, Barclays y JPMorgan estimaban la capitalización de Bankia entre 7.300 y 14.000 millones de euros. Finalmente el Estado colocó las acciones con un descuento superior al 10% sobre el rango bajo (valorando a la compañía en 6.500 millones) dado el entorno complicado que había en los mercados y la decisión firme del Estado de no dar marcha atrás. Unos meses después, después de la salida a bolsa, estos mismos equipos de análisis emitían sus informes sobre Bankia y ninguno recomendaba comprar sus acciones, ni siquiera cotizando con el descuento con el que ya cotizaban.

Los bancos colocadores declaraban que habían hecho las comprobaciones para que la información del folleto no fuese falsa ni se omitiesen datos relevantes

Además, Bankia contrató a algunos de los bancos con mayor presencia en España para realizar la colocación entre los minoritarios: Santander, BBVA, Sabadell, Pastor o Barclays. La inversión mínima era de 1.000 euros y Bankia pagaba una comisión a las entidades del 1,25%.

¿Qué responsabilidades tienen?

Los bancos colocadores que firmaron el folleto son responsables de lo que ahí aparece. Como bien declararon, todos ellos “efectuaron las comprobaciones” para “contrastar” que la información contenida “no era falsa, ni se omitían datos relevantes”. Pero ahora el Supremo asegura que existían “graves inexactitudes”, lo que pone en tela de juicio la declaración de estas entidades.

“La banca colocadora es responsable, cuanto menos, por una falta de diligencia, por lo que puede haber responsabilidad civil”, explica Carlos Sancho, abogado y profesor de dirección financiera del IESE. “Los firmantes del folleto tienen responsabilidad directa del contenido del mismo”, indica Fernando Zunzunegui, profesor de Derecho Bancario de la Universidad Carlos III. “La desproporción del folleto con la realidad era tan obscena, que también los colocadores son responsables de ello”, indica una fuente del sector.

La banca colocadora es responsable, al menos, por una falta de diligencia, por lo que puede haber responsabilidad civil

Los bancos de inversión siempre han defendido su papel en los círculos de inversores. Allí, lejos de las cámaras, aseguran que ellos no podían dudar de unas cuentas que estaban auditadas por Deloitte y que además, tenían el visto bueno de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y el Banco de España. ¿Quiénes eran ellos para dudar del auditor y los reguladores?

De puntillas

La realidad es que no se han exigido responsabilidades a la banca de inversión como sí se ha hecho con el resto de participantes en la salida de Bankia a bolsa. Los auditores, los reguladores, el propio emisor, todos ellos han recibido el juicio de los tribunales, o de la sociedad, pero los colocadores han conseguido pasar de puntillas por este caso.

La CNMV llamó a consulta en su momento a estas entidades para pedir explicaciones, pero nada más ha trascendido de esas conversaciones. El propio regulador podría sancionarlas si encuentra motivos para ello, pero siempre ha defendido que la colocación de Bankia fue correcta. Si la CNMV se pronunciase contra los colocadores, estaría reconociendo también su propio error de supervisión.

Tampoco los demandantes han querido señalar a los bancos, ya que se trata de un procedimiento más complicado. “Se ha optado por la máxima simplificación, esto es, demandar directamente a Bankia”, indica Zunzunegui. Esta vía es más fácil y además, ha contado con el respaldo de muchos tribunales, el último, el Supremo, por lo que los afectados prefieren evitar a los colocadores.

Se podría demandar, pero me aventuro a decir que casi seguro podría desestimarse

Además, la legislación otorga una responsabilidad menor a estas entidades, por lo que la causa es más complicada. “Es difícil de acreditar”, indica Guillermo Martínez, abogado especialista de reclamaciones bancarias, “que alguien se meta en ese jardín al día de hoy es complicado”. “Se podría demandar, pero me aventuro a decir que casi seguro podría desestimarse” señala Antonio Valverde, asociado de Cremades & Calvo-Sotelo.

Cuando se publique la sentencia íntegra del Tribunal Supremo será más fácil determinar hasta qué punto la labor de los colocadores podría haber sido irregular. Sin embargo, parece poco probable que los afectados vayan a demandar a estas entidades teniendo la vía de Bankia muy desarrollada ya en los tribunales.

Los institucionales se plantean demandar

Los inversores institucionales, que hasta ahora no habían emprendido acciones legales contra Bankia, se están replanteando su situación después de conocer la resolución del Supremo. “Hay institucionales que se van a atrever a demandar a Bankia; antes no lo hacían, pero lo van a hacer ante un respaldo tan fuerte como el del Supremo”, indica Valverde. El asociado de Cremades asegura que su bufete ya está en contacto con algunos fondos que están estudiándolo.

Algunas entidades gestoras, como fondos de inversión o sicavs, privados podrían verse obligados a unirse a las demandas ya que, de lo contrario, podrían ser demandados por sus clientes por no gestionar bien su dinero y no defender sus intereses.

El viernes, los presidentes de CaixaBank, Isidro Fainé, y de Banco Popular, Ángel Ron, dejaron la puerta abierta a interponer una demanda. “Estamos a la espera de conocer la sentencia”, indicó Ron, y sólo entonces la entidad “tomará las decisiones oportunas”. Tampoco Fainé quiso rechazar esta vía durante la presentación de los resultados de la entidad. Para muchos inversores institucionales, es imprescindible conocer el contenido íntegro de la sentencia del Supremo antes de estudiar ninguna acción legal.