Siempre estuvieron ahí, pero ahora deberán salir de las sombras e identificarse. Los ‘lobistas’, grupos de presión e interés han comenzado a pasar por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para acreditarse y operar dentro de la legalidad. La autoridad que preside José María Marín Quemada creó a principios de marzo un Registro de Grupos de Interés para su consulta pública y el primer medio centenar de empresas, asociaciones e independientes ya ha hecho pública su presencia.
En la primera hornada de 'lobistas' destaca la presencia de la plataforma francesa de coche compartido Blablacar, el gigante alemán Siemens, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), y hasta autónomos independientes, como el excandidato de Podemos a las municipales de Mérida, Víctor Pedro Lucio Blanco.
También emergen en la lista grandes agencias de comunicación corporativa y política como Llorente & Cuenca, Kreab Iberia, Edelman o Deva; así como grandes patronales como la de bebidas (FIAB), de las petroleras (AOP), supermercados (ACES) o fabricantes de coches (ANFAC), entre otros.
En su carta de presentación, la CNMC justifica la elaboración de este registro por la importancia que sus decisiones tienen a la hora de regular la competencia en distintos sectores y su labor de investigación de cárteles. “Las decisiones que adopta la CNMC afectan a millones de ciudadanos y, por ello, deben adoptarse con total transparencia. Esta institución en el ejercicio de sus funciones mantiene contacto con un amplio abanico de grupos y organizaciones que representan intereses concretos”, señala.
Transparencia
La autoridad de la competencia subraya que se trata de una “actividad legítima y necesaria”, de manera que con esta iniciativa se pretende dar “un paso más en materia de Buen Gobierno y Transparencia, importando las prácticas de otros países. Esta actuación se enmarca en el artículo 37 de la Ley 3/2013, norma de creación de la CNMC, que establece con claridad la obligación de transparencia. Los grupos de presión se obligan a firmar un Decálogo ético para no incitar a infringir la ley a los funcionarios, como informó EL ESPAÑOL.
En este sentido, el ejercicio profesional de los grupos de presión fue regulado en EEUU mediante la Lobbying Disclosure Act (aprobada en 1995), y en la Comisión Europea (CE), que implantó un Registro común denominado Transparency Register (aprobado en 2011). Precisamente, la Comisión lanzó el pasado martes una consulta pública para extender el ámbito de este registro.