"El peso de la fiscalidad laboral ha descendido", apunta la OCDE en su informe 'Estudios económicos de la OCDE: España 2017', donde considera que, sin embargo, la estructura impositiva "sigue estando orientada hacia los ingresos laborales, lo cual penaliza el crecimiento y el empleo", mientras otros impuestos con un efecto menos distorsionador, como los impuestos recurrentes sobre los bienes immuebles residenciales, el IVA e impuestos relacionados con el medio ambiente "están un tanto infrautilizados".
Asimismo, la existencia de unas bases fiscales reducidas, en particular en el caso del IVA y del impuesto sobre sociedades, genera distorsiones y complejidad al tiempo que reduce los ingresos.
En este sentido, la OCDE plantea la importancia de acometer una reforma tributaria de mayor alcance en España para mejorar su estructura impositiva, que brindara carácter indefinido al recorte de contribuciones sociales de las empresas en la contratación de nuevos empleados indefinidos, aunque recomienda restringir la medida a los trabajadores menos cualificados, donde hay mayor necesidad de estimular la contratación.
En cuanto al IVA, la organización advierte de que las exenciones y los tipos reducidos "menoscaban de manera significativa los ingresos" y constituyen el principal factor de la escasa eficiencia de la recaudación por este impuesto en España.
"Las autoridades deberían reconsiderar los méritos de los tipos reducidos del IVA y eliminar aquellos que beneficien fundamentalmente a la población con mayores ingresos", señalan los autores del informe.
Por otro lado, la OCDE considera "positivas" las nuevas medidas del Gobierno que han incrementado la fiscalidad del alcohol y el tabaco, así como la disposición de introducir un impuesto sobre las bebidas azucaradas.
Asimismo, la institución ve positiva la reducción del tipo general del impuesto de sociedades por su potencial efecto positivo sobre el crecimiento económico, aunque advierte de que la decisión del Gobierno de limitar el volumen de pérdidas que las empresas pueden deducirse puede "reducir los incentivos de estas para asumir riesgos en el futuro y disminuir de manera significativa el atarctivo de España como destino de inversión".
CUESTIONA LA DEDUCCIÓN POR VIVIENDA.
Por otro lado, la OCDE critica la existencia de beneficios fiscales en el IRPF "especialmente regresivos", incluyendo la deducción por inversión en vivienda habitual y las reducciones en las contribuciones a los planes de pensiones personales.
En este sentido, la organización recuerda que en 2015 se limitaron las reducciones en las contribuciones a planes de pensiones personales, mientras la eliminación del crédito fiscal por invertir en vivienda habitual cuenta con un régimen transitorio que sigue beneficiando a aquellos que adquirieron su vivienda antes de 2013.
"Se prevé que esta bonificación cueste 1.200 millones de euros en 2016 y tiende a beneficiar a los hogares con rentas más elevadas", añade la OCDE, subrayando que la eliminación de beneficios fiscales ofrece una oportunidad para mejorar la equidad y la eficiencia del sistema tributario.
IMPUESTOS VERDES.
En cuanto a los impuestos relacionados con el medio ambiente, la OCDE considera que España cuenta con "un margen de actuación considerable", ya que la proporción de ingresos por este tipo de tasas en relación con el PIB son bajos en comparación con el resto de países de la organización.
En este sentido, el informe señala que España cuenta con margen para elevar los impuestos sobre los combustibles para el transporte por carretera, que actualmente se encuentran por debajo del promedio de la OCDE, particularmente en el caso del diesel.
"El Gobierno debería incrementar la tributación del litro de diésel hasta niveles cuando menos equivalentes a los del litro de gasolina, y debería elevar aún más el precio del diésel si las diferencias en los costes de contaminación local no están reflejadas en el precio de los combustibles", sugiere.
ABARATAR EL DESPIDO.
Por otro lado, la OCDE pide a España medidas adicionales que permitan reducir la dualidad del mercado laboral y mejorar la calidad del empleo, para lo que recomienda avanzar hacia la convergencia entre los costes de despido de los trabajadores indefinidos y los temporales.
"Los costes del despido de un trabajador indefinido siguen siendo significativamente más altos que los de un trabajador temporal", señala la OCDE, que en los últimos años viene recomendando que "con una mayor convergencia en los costes de despido de los contratos indefinidos y temporales, se podría reducir aún más la dualidad existente".
Por otro lado, el informe señala que la incertidumbre que rodea las decisiones tomadas por los tribunales laborales sigue siendo elevada y muchas empresas siguen optando por aceptar desde el inicio que el despido sea considerado improcedente aunque resulte más costoso.