En un auto, el Supremo señala que "los perjuicios derivados de la celebración de la subasta no tendrían un carácter irreparable" e indica que prosigue la tramitación de la suspensión solicitada por vía ordinaria, en la que el Ministerio de Energía tiene diez días para rebatirla.

UNEF llevó la subasta ante el Supremo al considerar que varios mecanismos de la misma perjudicaban a la tecnología solar frente a la eólica.

Posteriormente, el regulador de competencia reclamó en el informe que aprobó la subasta que ésta fuese más competitiva. Entre las recomendaciones de la CNMC, estaban la de eliminar los límites a los descuentos máximos en las pujas de las empresas y la de eliminar, en caso de empate entre pujas, el criterio del número de horas de funcionamiento de las instalaciones.

Los límites en los descuentos máximos propician que se produzcan empates en las pujas por los distintos bloques ofertados. En estos casos, los empates se resuelven en relación con el número de horas de funcionamiento de los proyectos, generalmente superior en el caso de la energía eólica, ya que los aerogeneradores también pueden producir electricidad por la noche.

España, sin gran presión para alcanzar los objetivos renovables de para 2020 y con el objetivo claro de no añadir costes al sistema eléctrico, ha dicho que se subastarán al menos 2.000 MW en la subasta de la semana que viene, con los 1.000 MW restantes condicionados a que los precios ofrecidos sean "competitivos".

En un principio, estaba previsto que la subasta fuese por un total de 3.000 MW independientemente de los precios.

En todo caso, la nueva potencia ofertada supera ampliamente la del año pasado, cuando España puso fin a una moratoria verde de casi cuatro años con una subasta de 700 MW, de los que 500 MW fueron asignados a potencia eólica y 200 MW a biomasa sin apenas pagar incentivos.