De esta forma, la cuantía devuelta por España a las autoridades comunitarias asciende a 6.612 millones de euros, una amortización que el Ejecutivo ha realizado de forma anticipada, ya que el calendario de pagos del MEDE establece que el reembolso total del dinero inyectado por Bruselas se iniciaría en 2022 y concluiría en 2027.

A pesar de que el MEDE establece un calendario de pagos, de manera que un anticipo del reembolso supone una penalización, el Gobierno español ha realizado hasta cuatro amortizaciones anticipadas previamente aprobadas por el Consejo de Administración del MEDE.

La primera fue el 7 de julio de 2014, cuando España devolvió al organismo 1.304 millones de euros, y solo 15 días después, el 23 de julio, reembolsó otros 308 millones previamente programados de fondos no utilizados.

Más tarde, entre marzo y julio de 2015 realizó otros dos pagos anticipados por un importe total de 4.000 millones de euros, 1.500 millones y 2.500 millones, respectivamente. El último pago se formalizó el pasado 11 de noviembre de 2016, de 1.000 millones.

Concretamente, España recibió en diciembre de 2012 un monto de 39.470 millones de euros y dos meses más tarde, en febrero de 2013, 1.860 millones de euros más, de manera que la ayuda total ascendió a 41.333 millones de euros, pese a que se había puesto a su disposición hasta 100.000 millones de euros.

Los fondos se desembolsaron directamente al Gobierno, no obstante, iban dirigidos a la recapitalización del sistema financiero, por lo que los bancos tuvieron que asumir una fuerte condicionalidad, con medidas específicas como someterse a pruebas de estrés, reestructuración de bancos vulnerables, transferencia de activos 'tóxicos' a la Sareb, el 'banco malo' de saneamiento español, y condiciones regulatorias concretas para el sector en su conjunto.

VIGILANCIA POST-PROGRAMA

España salió del programa de apoyo al sistema financiero español por parte del Mecanismo Europeo de Estabilidad a finales de diciembre de 2013.

Sin embargo, hasta que no reembolse el 75% de los fondos recibidos, el país se encontrará bajo supervisión de la Comisión Europea, del Banco Central Europeo (BCE) y del MEDE. El pasado mes de abril, entre los días 24 y 26, tuvo lugar la séptima visita de vigilancia post-rescate de la banca española.

En este contexto, la Comisión hizo pública esta semana las recomendaciones específicas por país, enmarcadas en el 'Paquete de primavera del Semestre Europeo 2017', donde se ha hecho hincapié en los ámbitos fiscal, laboral e I+D (Investigación y Desarrollo).

Así, entre otras recomendaciones, la Comisión Europea solicita a España una mejor coordinación de los servicios regionales de empleo, favorecer la contratación indefinida, así como atajar las diferencias entre las distintas administraciones regionales.

Además, España se mantiene dentro del brazo correctivo de déficit excesivo del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, junto a Francia, Grecia y Reino Unido. En este sentido, Bruselas pide al Gobierno que asegure el cumplimiento de sus compromisos de reducción de déficit de acuerdo con la decisión del Consejo del 8 de agosto de 2016.

Por otro lado, se recomienda a España que realice un análisis exhaustivo de los capítulos de gasto público o que la inversión en investigación y desarrollo sea adecuada y sostenible.