"De renta básica habla todo el mundo. La diferencia fundamental radica en cómo se financia. Las propuestas de derechas lo harían mediante el desmantelamiento del Estado de Bienestar, o lo que queda de él, pero la renta básica universal no tiene que ser a cambio de eso", explica a EFE el economista y profesor de Sociología de la Universidad de Barcelona (UB) Daniel Raventós.

Raventós, coautor de uno de los estudios más relevantes sobre la viabilidad de una renta básica universal en España, defiende su financiación con una profunda reforma fiscal y eliminando sólo las prestaciones monetarias de cuantía inferior.

Una renta básica universal e incondicional para todos los españoles, de unos 625 euros al mes, es perfectamente viable con una reforma fiscal que conlleve a un reparto más justo de la riqueza, subraya Raventós, que advierte que el otro camino puede resultar incluso "contraproducente".

Y en ese otro camino es donde están surgiendo últimamente más planteamientos como esa recomendación de la OCDE que plantea que la asignación de la renta universal conllevaría la eliminación de todas las ayudas o prestaciones sociales.

Esta sería, argumentan, la única forma de poder financiarla sin incurrir en déficit excesivos ni dañar la productividad o el mercado laboral dando además más eficacia al complejo sistema de protección social en muchos países.

La renta básica universal responde a varios objetivos esenciales: mejorar la libertad de elección de todas las personas asegurándoles unos ingresos mínimos, reducir la pobreza y afrontar la transformación del mercado de trabajo, describe el director de Estadística y Coyuntura de Funcas, Raymond Torres.

Junto a esto, señala, también se ha abierto un debate más técnico sobre los dispositivos actuales de protección social y su funcionamiento.

"El sector más liberal dice que tiene que sustituir a la protección social", resume Torres que no ve sencillo este camino y que, en base a sus estimaciones, cifra en 365 euros al mes a lo que tocaría cada español si se sustituyese toda la protección social (menos la Sanidad) por una renta básica universal.

"Ahí se ven las limitaciones", expone Torres, para quien el modelo debería pasar por poner un serie de condiciones a la renta básica que, así, dejaría de ser universal pero podría sumarse al sistema actual de protección social sin un coste prohibitivo.

Torres aboga por probar el sistema, por ejemplo, fijando con límites de renta y ver si se genera o no una dependencia del subsidio que acabe con los incentivos para salir de esa situación.

Pero, sobre todo, pide una reflexión sobre el mercado laboral español, la calidad de sus empleos y los salarios, y no tanto sobre las herramientas de protección social en la que, no obstante, ve margen de mejoras.

"El trabajo es lo que explica la pobreza no tanto las posibles deficiencias en la protección social", argumenta.

Ahí, Raventós defiende la RBU como una forma de salir de la "trampa de la pobreza" que suponen los subsidios condicionados, como el paro, y como una herramienta clave para dar más poder a los trabajadores en un mercado como el actual.

"Planteada y financiada adecuadamente significa acabar con la pobreza de golpe", insiste.

El debate académico, social y político sobre esta herramienta se ha intensificado en los últimos tiempos, coinciden ambos expertos. Otra cosa, será su implantación. EFECOM

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