En la presentación del estudio, el presidente del Consejo General de Economistas, Valentín Pich, ha apuntado que la economía sumergida en España supondría así alrededor el 16 % del PIB mientras que esa perdida de recaudación representaría el 2,5 % de la economía española.
Unas cifras, ha señalado Pich, que están en línea con las de la mayoría de los países del entorno. "Tenemos poca autoestima (...) una visión más negativa de España de la realidad", ha añadido.
Según ha detallado Jesús Quintas, uno de los autores del estudio, las cifras que se venían manejando hasta ahora en estimaciones de economía sumergida, que llegaban a situarla en más de 239.000 millones en España con 72.709 millones de pérdida de recaudación, no eran realistas.
"Estas estimaciones no son verdad", ha subrayado Quintas, para quien esos 26.000 millones son "más realistas" y que, incluso, hay más posibilidades de que el fraude esté por debajo de esa cifra.
Quintas ha señalado entre las dificultades para medir estas magnitudes la divergencia entre las definiciones de economía sumergida o el equiparar este problema económico, es decir de rentas no declaradas por bienes y servicios, con el fraude fiscal, una cuestión de cumplimiento de obligaciones de pago que abarca más aspectos.
El fraude fiscal no siempre es completo, ha señalado Quintas que ha ejemplificado que un "top manta" desarrolla una actividad de economía sumergida pero no defrauda en todas sus obligaciones fiscales.
"Cuando compra en el supermercado, esa persona paga el IVA", ha añadido Quintas que, precisamente sobre el fraude en este impuesto, ha apuntado que "a pesar de las escandaleras que se forman" el fraude en el IVA está por debajo del 5 % en los países de la Unión Europea.
Y a todo eso se suma "el gran problema de medir lo oculto".
Junto a estas estimaciones, el estudio identifica las causas que están detrás del fraude y señala una veintena de propuestas para intentar reducir estas cifras.
En el primer punto, han señalado la conciencia y la educación, con un 20 % de los españoles que justifica el fraude fiscal, la percepción de que el fraude está generalizado, con especial incidencia del comportamiento de los responsables políticos, la dispersión normativa y el miedo o las consecuencias de ser descubierto.
En el capítulo de medidas, señala mejorar la forma de trabajar de las agencias tributarias o facilitar las regularizaciones espontáneas (cuando se comete un error en la declaración) adaptando el recargo que se aplica por demora para que no resulte disuasorio al acercarse, en algunos casos, a la propia penalización.
"Ahora es un 20 % más intereses de demora en el primer año y eso se acerca mucho a la sanción (...) hay que incrementar la distancia rebajando los recargos", han señalado.
Asimismo, también han incidido en tutelar de manera especial a nuevos empresarios o potenciar la educación ciudadanía, así como reducir los tiempos de resolución de revisiones, fijar objetivos para las administraciones tributarias, potenciar el uso de medios electrónicos (el pago con tarjeta) o intensificar la cooperación internacional así como la supervisión a sectores más sensibles.
"No hay recetas mágicas, hay que aplicar la experiencia y adaptarse a la realidad económica cambiante", concluye el informe.