La comisión gubernamental estará formada por 14 miembros, cuatro del Gobierno, uno de cada uno de los grupos parlamentarios y tres por parte de UGT, CCOO y CEOE.
Los expertos deberán analizar las alternativas de política energética teniendo en cuenta su impacto medioambiental y económico y plasmarlas en un informe antes de seis meses, que se enviará al Congreso para su evaluación.
"El informe recogerá alternativas que analicen la combinación de las diferentes fuentes de energía (nuclear, hidráulica, térmica de carbón, ciclos combinados y fuentes renovables) en el marco de una transición energética eficiente, sostenible y baja en carbono", indicó el Gobierno.
Tras años congelando las inversiones por la crisis económica y los compromisos de déficit con Bruselas, el Gobierno español está volviendo a apostar por la energía verde y ha lanzado dos subastas por 6.000 MW en 2017.
Con esta inversión, que no supondrá costes significativos para las arcas públicas al adjudicarse sin prima, el equipo del ministro Álvaro Nadal quiere garantizarse que España alcanza los compromisos energéticos de lograr que el 20 por ciento del consumo energético sea de fuentes renovables en 2020.
El mercado está expectante por las revisión de la retribución renovable en España a partir de 2019 y también por la gestión del parque nuclear que tiene varias centrales en víspera de renovación.