Además, cerca de 45.700 hogares, en concreto 45.697, han podido reestructurar su hipoteca o entregar las llaves de su casa para saldar la deuda con el banco, según ha informado hoy el Ministerio de Economía, después de que en 2016 se llevaran a cabo 14.730 operaciones para aliviar la carga hipotecaria.

En estos cinco años, el Código de Buenas Prácticas promovido por el Ejecutivo y al que se acogió buena parte del sector financiero, ha permitido que en 38.595 ocasiones los bancos hayan modificado las condiciones de pago de la hipoteca para hacerla más llevadera y otras 7.095 familias se han liberado del pago con la entrega de las llaves de su vivienda, lo que se conoce como la dación en pago.

En otros 7 casos, los bancos han optado por aplicar una quita como la forma más útil de aliviar la carga a los hipotecados, atendiendo a las recomendaciones que impulsó el Gobierno.

Pero además de quitas, reestructuraciones de la hipoteca y daciones en pago, 9.000 familias han conseguido un alquiler a precio reducido de una de las viviendas que la banca aportó para constituir el Fondo Social de Vivienda y se han suspendido 24.039 desahucios.

Pero volviendo al Código de Buenas Practicas, en el segundo semestre de 2016, las entidades recibieron 9.239 solicitudes, frente a las 17.306 del primer trimestre, en línea con el impulso de la economía, argumenta el departamento que dirige Luis de Guindos.

De las solicitudes recibidas, se han resuelto un total de 5.223 operaciones, y de ellas, en 4.806 casos se concluyó con una reestructuración viable de la deuda pendiente y en 471 ocasiones con una dación en pago.

Las comunidades autónomas que mayor número de solicitudes registraron en el último semestre del año fueron Andalucía, Cataluña y Comunidad Valenciana, precisamente las mismas regiones en las que los hipotecados han hecho más uso de estas medidas desde 2015.

El tipo de interés medio de los préstamos de las familias solicitantes se situó en el 2,13 % frente al 2,98 % del primer semestre de 2015 y el tramo de deuda en el que se encuentran la mayoría de los solicitantes se sitúa entre 100.000 y 150.000 euros.

El Código de Buenas Prácticas fue una de las medidas estrellas del ministro de Economía, Luis de Guindos, para frenar el drama de los desahucios a poco de llegar al Gobierno, pues se firmó en marzo de 2012 con la práctica totalidad de las entidades con actividad hipotecaria en España.

El Ejecutivo impulsó este código inicialmente durante dos años para las entidades firmantes, con el objetivo de dar solución a las familias con dificultades para pagar sus hipotecas por estar en paro o directamente sin ingresos.

Se establecieron tres opciones -renegociación de plazos y cuotas con las entidades o reestructuración de la deuda, quitas y dación en pago-, con periodos de carencia, amortización hasta 40 años, reducción del tipo de interés aplicable a euríbor más 0,25 puntos e incluso la posibilidad de permanecer en la vivienda mediante el pago de un alquiler reducido.

Se definió también el umbral de exclusión o condiciones para poder acogerse a estas medidas, pues se estableció que fuera primera y única vivienda y que todos los miembros de la familia carecieran de rentas derivadas del trabajo o actividades económicas.

Además, la cuota hipotecaria debía ser superior al 50 % de los ingresos netos percibida por el conjunto de los miembros de la unidad familiar, que debía carecer de bienes patrimoniales con los que hacer frente a la deuda.