Así lo ha explicado en rueda de prensa Rull, que ha indicado que la reunión mantenida es un "punto de partida" de cara a la configuración de este nuevo modelo, en el que llevan trabajando desde noviembre de 2016 y para el que se volverá a convocar el grupo de peajes durante la primera quincena de octubre con el objetivo de ir avanzando en la definición de este nuevo sistema.

Durante la reunión, Rull ha entregado al grupo de peajes, integrado por todos los grupos parlamentarios, sindicatos, patronales, colegios profesionales, cámaras de comercio y concesionarias, un documento con diez puntos que confirman los principales detalles de este nuevo modelo de la viñeta que se habían avanzado durante los últimos meses.

Así, la previsión es tramitar la ley durante 2018 para que entre en vigor el 1 de enero de 2019 y la viñeta se materializará en una tarifa plana de entre 40 y 110 euros --la cantidad final aún está por determinar-- para vehículos matriculados en Catalunya y una viñeta que se podrá adquirir por semanas, meses o también anual para los vehículos de paso.

Además, se prevén bonificaciones del 100% para vehículos eléctricos y también para aquellos que realicen muy pocos kilómetros --la cantidad se debe fijar aún--, mientras que los vehículos pesados pagarán una viñeta más elevada que el resto.

Con este modelo, el Govern calcula que se liberarían más de 300 millones de euros anuales de recursos presupuestarios, que actualmente se destinan a pagar peajes a la sombra (200 millones), mantenimiento de carreteras (70) y bonificaciones de peajes (45) y que se podrán invertir en mejoras del transporte público, de la red viaria y en la renovación del parque de vehículos.

Se da la circunstancia de que entre finales de 2019 y mediados de 2021 finalizan las concesiones de las principales vías de peaje explícito en Catalunya: el 31 de diciembre de 2019 finaliza el tramo entre Vila-seca y Castellón de la AP-7, y el 31 de agosto de 2021 vencen las concesiones de la AP-7 entre Vila-seca y la frontera francesa, de la AP-2 entre El Vendrell y Zaragoza, de la C-32 en el Maresme y la C-33 entre Barcelona y Montmeló con peaje en la Llagosta.

Finalmente, en el 2037 cumplen las del Túnel del Cadí y también las del Túnel de Vallvidrera y en 2039 las concesiones de la C-32 Autopista Pau Casals y C-16, tramo Sant Cugata-Terrassa-Manresa.

ACABAR CON UN MODELO "INEFICIENTE"

El conseller ha destacado que busca acabar con el modelo actual, "ineficiente y desequilibrado", tanto comparando Cataluña con el resto de España --la Comunidad catalana sólo tiene un 7% de las autovías estatales libres de peaje-- como entre las diferentes comarcas catalanas.

Por ejemplo, cuatro ciudades cercanas a Barcelona tienen tarifas muy diferentes en sus relaciones con la capital catalana, ya que Sitges presenta un precio elevado por los túneles de la C-32, Granollers tiene la posibilidad de vía gratuita en la C-17 o peaje blando en la C-33, Sabadell también cuenta con conexión gratuita a través de la C-58 y Mataró tiene un peaje blando en la C-32.

Este nuevo sistema se gestionaría a través de una agencia o de un consorcio públicos, aunque las administraciones podrán mantener la titularidad de las vías, y esta agencia o consorcio permitirá desconsolidar el déficit público y reducir el endeudamiento de las administraciones en cuanto a peajes a la sombra y los saldos diferidos por compensaciones a las concesionarias.

Además, la viñeta canalizará el tráfico por las vías más eficientes, más seguras y con mejores prestaciones, lo que se traduce en una reducción de la congestión, de tiempos de viaje, accidentes y costes operativos y que conllevará un ahorro anual de 160 millones de euros.

Actualmente, la red viaria catalana está integrada por 1.719 kilómetros, de los que 676 corresponden a vías de peaje explícito (39%), 346 a vías con peajes a la sombra (20%) y 697 a vías no concesionadas (41%); el 46% es titularidad de la Generalitat y el 54% del Estado.

OPOSICIÓN DE FOMENTO

Preguntado por si el Ministerio de Fomento ya conoce esta propuesta, Rull ha afirmado: "El Estado nos ha sugerido o planteado o impuesto que no tenemos derecho a definir nuestro modelo. Nosotros decimos que no sólo tenemos el derecho, sino que tenemos la obligación".

Sobre si la convocatoria del referéndum puede afectar el establecimiento de la viñeta, ha dicho que es un modelo muy fácil de ejecutar en una Cataluña independiente, mientras que si el pueblo decide que Cataluña debe continuar dentro de España, la propuesta sería igualmente planteable y escalable en todo el Estado: "Si hubiera voluntad política y espíritu modernizador en el Estado español, lo verían --el nuevo modelo-- como una oportunidad".