Será difícil encontrar un momento tan extraño en el mercado inmobiliario español. La crisis persiste en muchas zonas costeras y de interior, sobre todo pueblos en los que la recesión económica ha pasado una factura que todavía se cobra en plenitud. Precios que son la mitad o menos de los años boyantes y, eso, cuando hay oferta, que no suele haberla.

Pero la otra cara son excesos que tal vez han comenzado de manera demasiado rápida y sorprendente. En las grandes ciudades españoles, los precios de compraventa andan muy cerca de los máximos marcados allá por 2009 o 2010, cuando no se superan sin problemas. Los inversores internacionales ya no encuentran oficinas en zonas prime, que la crisis puso a precio muy asequible en los años más duros.

En el camino de la mejoría, el mercado del alquiler vive recuperaciones exageradas de los precios con tiempos muy cortos de ocupación de las viviendas. Y eso que en algunos parámetros ahora en pleno 2017 empezamos a recuperar algunos datos similares a los anteriores a la crisis. En la propia eclosión de las Socimis se ven dificultades para formar una cartera atractiva, mientras publicaciones internacionales destacan el valor seguro de la inmobiliaria en España que hace pocos años no demandaba ni el tato.

Unos desajustes importantes, unos desequilibrios que hacen de éste, un sector heterogéneo de difícil comprensión. A ello se ha venido a sumar el alquiler turístico para introducir aún más volatilidad. La normativa que este mismo martes entraba en vigor en Baleares limita los alquileres y propone multas abultadas a plataformas de Internet o particulares que se lancen al negocio del alquiler turístico.

Como durante la crisis o la gigantesca burbuja inmobiliaria que creció desde el año 2000 se echa de menos una cierta planificación por parte de las autoridades administrativas para dar un poco de coherencia y sosiego al sector inmobiliario. En aquellos años de bonanza el único argumento para tamañas subidas era que los españoles se lo podían permitir y ahora la ocurrencia es intentar frenar la inversión por parte de particulares mediante impuestos abusivos o directamente con la imposición de multas.

El mercado inmobiliario sigue careciendo de planificación y de una intervención pública coherente. A toro pasado, cuando se producen los desequilibrios se busca poner sobre los hombros de los ahorradores particulares la responsabilidad de los excesos, desajustes y que sean ellos mediante medios coercitivos los que consigan dar una salida.

El decreto Larraz de tiempos de Franco, plenamente vigente hasta el decreto Boyer y que ha coleado hasta 2015, arregló el problema de los alquileres con la congelación de las rentas por los años de los años. Medidas que afectaron, sobre todo, a pequeños inversores inmobiliarios, los llamados caseros, y que llevaron a muchos de ellos a la ruina con un coste de mantenimiento de las viviendas muy superior a las rentas obtenidas.

Han pasado muchos años desde entonces, se han intentado soluciones y puesto parches. Pero en pleno 2017, el mercado inmobiliario se recupera de la crisis de una forma anárquica, sin planificación y donde el mensaje del arrendador malo es comprado fácilmente por la sociedad.

La vivienda para los poderes públicos ha sido durante los años de bonanza una gigantesca fuente de ingresos y poco más que esta vertiente es la que valora la AdministraciónCentral, las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos. Hace pocos meses en Invertia publicamos un detallado artículo en el que la compraventa de una vivienda de 300.000 euros acababa generando impuestos por valor de 60.000 euros. Así, cuesta adivinar cómo acabará esta historia.