En la sentencia, fechada en junio y a la que ha tenido acceso Efe, se explica que de las declaraciones de acusados y testigos y su cotejo con los documentos aportados no se pueden deducir indicios de delito.
La Fiscalía, que solicitaba cuatro años de cárcel para todos los acusados, les atribuía falsedad documental y apropiación indebida, y les acusaba de haber cobrado irregularmente honorarios por labores de consultoría a la Confederación a través de sus sociedades Ingaset y Tecrucyl, lo que habría causado un deterioro de 1,2 millones de euros.
Aunque la sentencia admite que la recepción de los importes por la actividad de presidente de Cepyme no fue "lo más adecuada al seno de una organización empresarial como la citada", en esencia "no existe ninguna falsedad de documento concreto, ni tampoco existe una apropiación indebida o administración desleal".