Se trata de un método basado en análisis "país por país" y "sector por sector" en caso de que se sospeche que existe dumping. La UE cree que con ello responde a sus obligaciones con la Organización Mundial del Comercio (OMC), que desde diciembre del pasado año obliga a reconocer a China como una economía de mercado y deja menos margen para medidas antidumping.

Las nuevas normas incluyen también cambios para reforzar la legislación comunitaria antisubsidios, de modo que si se detectan nuevos subsidios en el curso de una investigación estos hallazgos puedan ser tenidos en cuenta la hora de imponer la sanción final.

Para determinar si existen distorsiones en el mercado se tendrán en cuenta criterios como la influencia estatal, la generalización en el sector de empresas públicas, la discriminación a favor de las empresas nacionales y la falta de independencia del sector financiero.

Las empresas europeas que denuncien prácticas desleales podrán apoyar su queja en los informes que realizará la Comisión Europea país por país y sector por sector para vigilar el mercado.

El acuerdo ha recibido este miércoles el respaldo de los Estados miembros en una reunión de embajadores de los 28 ante la UE, pero necesita aún el visto bueno formal de las partes (Parlamento Europeo y Consejo Europeo, junto a la Comisión Europea) parar entrar en vigor, previsiblemente a finales de año.

Por ello se prevé un periodo de transición durante el cual se seguirán sometiendo a las normas actuales tanto las medidas antidumping ya adoptadas como las investigaciones en curso.

"La Unión Europea es sinónimo de comercio justo y abierto, pero no somos comerciantes ingenuos", dijo el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, tras conocerse el acuerdo la semana pasada.

La UE sostiene que la nueva legislación no está dirigida "a ningún país en particular", sino que se quiere "fortalecer" los instrumentos de defensa comercial de que dispone el bloque comunitario.