"La ciudad es nuestro hogar, y sin embargo hoy es también donde el derecho a la vivienda, uno de los derechos más básico pero menos protegidos, se encuentra más amenazado", escriben el concejal de Nueva York responsable de Vivienda asequible, Brad Lander; la concejala de Vivienda de Lisboa, Paula Marcas, y la teniente de alcaldía de Derechos Sociales de Barcelona, Laia Ortiz.

Los tres ediles ponen de manifiesto que es "esencial" una regulación del precio del alquiler que permita a las ciudades establecer índices de referencia y poder prohibir a los propietarios que aumenten el nuevos precios por debajo de estos límites.

Los topes, en la práctica, ya son una realidad en Nueva York, París y Berlín, pero no en Barcelona, que aunque ha reiterado en numerosas ocasiones su voluntad para que se establezcan estos incrementos máximos de precio todavía no ha recibido una respuesta afirmativa por parte de la Generalitat de Cataluña y del Estado, las dos administraciones competentes para iniciar la tramitación de los cambios legislativos necesarios.

El Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat sí que están trabajando, en el marco del Observatorio de Vivienda de Barcelona, en elaborar una guía de precios orientativos, aunque sin la previsión de hacer que estos incrementos máximos sean de obligado cumplimiento.

El artículo conjunto de Barcelona, Nueva York y Lisboa, que lleva por título "Por el derecho a la vivienda: poder local, política global", asume que el éxito y atractivo de sus ciudades pone "en riesgo" sus residentes estables y las familias, porque la presión turística impulsa al alza los precios y hace que cada vez más pisos se ofrezcan para alquiler turístico y para estancias de corta duración no turística en lugar de ser residencias permanentes.

"La proliferación de corporaciones dedicadas al alquiler por períodos cortos como Airbnb es un problema compartido entre las ciudades que firmamos este artículo", aseguran.

De hecho, precisan que la consecuencia de todo ello es el aumento de las modalidades de exclusión residencial, desde familias desplazadas hacia la periferia urbana hasta los casos más extremos de sinhogarismo.

"Nuestras ciudades no son una mercancía. Son una comunidad de personas muy diversa que quieren vivir y prosperar juntas, en común (...). Donde se garantice el derecho a la ciudad, el derecho a la vivienda", finaliza el artículo.

Precisamente esta semana, en el marco del Congreso Mundial Smart Cities Expo (SCEWC) que se ha celebrado en Barcelona, un grupo de trabajo de vivienda de la red Eurocities, representantes de las ciudades de Viena, Amsterdam, París y del Área Metropolitana de Londres han compartido sus experiencias y han expresado también que la cuestión de la vivienda está convirtiendo en una "emergencia" en la mayoría de grandes ciudades europeas.

El concejal de Vivienda de París, Ian Brossat, explicó por ejemplo que desde que se puso en marcha el regulador de precios en la capital francesa, hace un año, se ha visto una cierta regulación del mercado.

La vivienda es uno de los temas centrales del Foro de Asuntos Sociales de la red Eurocities, la entidad que conforman 140 ciudades de Europa y que preside Barcelona durante dos años. EFECOM

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