Desde que el 17 de mayo el Tribunal Constitucional anulara la aplicación de la plusvalía municipal en el caso de que hubiera pérdidas en la venta de un inmueble, no ha habido muchos avances en la negociación que Hacienda y la FEMP iniciaron para diseñar una hoja de ruta.

Hoy, ambas partes vuelven a verse las caras en un intento de avanzar y aclarar de una vez qué tiene que hacer el contribuyente cuando se ve en estos casos. Además, ahora, y según una información publicada por Cinco Días, los tribunales están tumbando el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los terrenos de naturaleza urbana, cuando en la venta se producen ganancias.

Lo cierto es que entorno a dicho tributo hay mucha confusión y los tribunales están dando la razón a los contribuyentes. Tal y como está ideado el impuesto (un coeficiente a aplicar al valor catastral en función del número de años) siempre ¿saldrá a pagar¿. Una circunstancia difícilmente entendible en momentos de crisis inmobiliaria, durante la cual tanto terrenos como viviendas han perdido valor.

El Tribunal Constitucional fijó un antes y un después en el impuesto. Pero desde entonces, ya han pasado algo más de seis meses y Hacienda no ha manifestado cómo se resolverá el conflicto.

PROPUESTA DE LA FEMP

 Abel Caballero, presidente de la FEMP, apremió al Gobierno a compensarles por las pérdidas de ingresos que sufrirán tras las sentencias de los tribunales. De hecho, no es baladí que la recaudación por este concepto fuera de 2.000 millones en 2016.

En concreto, reclamaban que se llenase ese vacío legal y presentaron dos propuestas: reformar el impuesto, fijando su base liquidable con criterios objetivos y que el Catastro elabore un índice anual de la evolución de los suelos, lo que resolvería "la indefinición que describe el Tribunal Constitucional"; y la otra opción, sería que la base imponible a gravar fuera el resultado de restar al valor de venta el de compra.

 A falta de conocerse la solución, no parece muy probable que se sustituya ese impuesto por otro tributo con el que los ayuntamientos puedan compensar la pérdida de recaudación. Más bien, comentan los expertos, se corregirán los artículos del impuesto que han sido puestos en duda por el Constitucional.

Entretanto, desde algunos despachos de abogados se está invitando a la presentación de demandas  y muchas asociaciones están creando herramientas para hacer los cálculos para saber si interesa o no. Sin embargo, todavía hay asuntos pendientes: ¿Se puede no presentar el tributo?,  ¿quién puede reclamar?, ¿a partir de qué cantidad compensa recurrir?...