Hacia un modelo de Estado de la insolidaridad

Existe una coincidencia total entre los distintos partidos políticos en reformar la Constitución que el próximo año celebrará su cuadragésimo aniversario. Y todas las voces al unísono, salvo a veces Ciudadanos, se dirigen hacia un cambio que nos llevará a ser un país más insolidario, más diferente en la vida cotidiana de sus ciudadanos. Queramos o no, un éxito de los partidos nacionalistas e independentistas que ha cuajado en todo el espectro político.

Nadie se atreve a proponer un camino más igualitario y justo. Y el que lo hace denunciando por ejemplo el nuevo cupo Vasco recibe las críticas de todos los grupos políticos, simplemente por plantear que se explique cómo y por qué de la reciente rebaja del cheque que el País Vasco entrega al resto de España. Ya existen notables diferencias en el tratamiento fiscal de las personas y las empresas en el conjunto del país y dependiendo de donde uno viva paga más o menos impuestos, o sea, dispone de mayor o menor renta.

Notables diferencias también se encuentran en servicios tan fundamentales como la Sanidad o la Educación. Algo que provoca situaciones rocambolescas en tratamientos médicos o cómo se cuenta la historia común, si es que se hace, o el aprendizaje de los idiomas.

La financiación autonómica no está bien resuelta, tanto por las excepciones foralistas como por el maltrato que reciben algunas autonomías frente a otras. Las hay infrafinanciadas y otras que gozan de claros privilegios respecto a los habitantes de otras regiones del país. Aquí es necesario combinar dos principios complicados, el de la justicia y el de la solidaridad entre regiones. Una solidaridad que podemos fácilmente aprender de la Unión Europea y que para el conjunto de España ha sido determinante en la modernización de sus infraestructuras en estos más de 30 años de pertenencia a este club.

Por supuesto que es una labor complicada, pero que no se puede dejar en manos de intereses nacionalistas de las regiones más ricas y autosuficientes, al menos en apariencia. Estos años de próspera democracia han sido un ejemplo continuo de prestarse a los intereses de los nacionalismos con el fin de buscar apoyos electorales muy concretos. Ni siquiera aceptaron forman parte de los Gobiernos como estrategia de continuo enfrentamiento que trae buenos réditos. 

Si es necesario que la Constitución se reforme, que se haga pero bajo criterios del interés de la mayoría de los españoles y de la solidaridad que vertebre al país y no provoque diferencias más abultadas entre regiones. Se necesita un profundo consenso entre los cuatro grandes partidos políticos nacionales. Pero este empeño tal y como están hoy las cosas, parece una empresa imposible. La focalización hacia los intereses únicamente de nacionalistas e independentistas no hará sino más grandes aún las diferencias y los problemas. En esto estamos y seguimos.