Las reclamaciones admitidas por cláusulas suelo ascienden a 1.975 milones y son el 45% de las presentadas

El importe de las reclamaciones admitidas por la banca asciende a 1.975,17 millones de euros, según ha informado hoy la comisión de seguimiento, control y evaluación del cumplimiento del decreto de cláusulas suelo

De las peticiones de clientes aceptadas por los bancos, se resolvieron con acuerdo entre las partes 395.135, por un importe total de 1.749,9 millones de euros.

En 350.404 casos se realizó la devolución del dinero en efectivo al cliente, por una suma de 1.497,7 millones; 33.329 se saldaron con medidas compensatorias distintas, por valor de 181,3 millones, mientras que en 11.402 reclamaciones se optó por una solución mixta (70,8 millones).

Los procedimientos estimados pero que se han resuelto sin acuerdo entre las partes ascienden a 7.670 (40,7 millones), de los que el 61 % fue por desacuerdo en la devolución del dinero en efectivo y el resto por discrepancias en la compensación diferente al efectivo.

En total, los consumidores presentaron hasta el 30 de septiembre pasado 1.052.789 reclamaciones, de las que 343.043 no se admitieron por las entidades financieras, 11.373 decayeron por desistimiento del cliente y 39.755 están aún pendientes de analizar.

La comisión de seguimiento no ha facilitado el valor que tienen todas las reclamaciones presentadas y sólo ha informado del de las que han sido estimadas por las entidades financieras.

De las solicitudes inadmitidas por los bancos el 42 % fueron rechazadas por que la hipoteca sobre la que se reclamaba no tenía cláusula suelo, el 44 % por otras razones que no se especifican y el 14 % restante por no ser consumidor el reclamante.

En enero de 2017 el Gobierno aprobó un real decreto ley que estableció un procedimiento extrajudicial para que los clientes pudieran reclamar por las cláusulas abusivas de las hipotecas, tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

El tribunal europeo dictaminó en diciembre del año pasado que los bancos españoles debían devolver todo el dinero que cobraron de más por las cláusulas suelo no transparentes al considerar que resultaban abusivas para los consumidores.