La OCDE avisaba hace unos días que en 2050 -dentro de 33 años- habría en España 77 jubilados por cada cien trabajadores activos. Un dato tan alarmante como falso. Es posible saber los jubilados, pero ¿y los que estarán trabajando dentro de 33 años? Lo desconoce la OCDE y todo el mundo.

Pero en las pensiones, sí interesa ofrecer una visión a largo plazo de la economía. Los bancos, los gestores de planes de pensiones, la industria financiera quiere que la gente se conciencie y ante una brusca caída de unas pensiones públicas, empiece a ahorrar en estos productos. Un ahorro con el que ellos hacen su legítimo negocio de gestión y cobro de comisiones. Todos los días nos bombardean con un futuro de pensiones raquíticas para los que nacimos en el baby boom. Es posible que lleven razón.

Pero esta misma mañana, desde el Instituto Nacional de Estadística ofrecían un dato abrumador: ¿La primera mitad de 2017 se cierra con 32.132 muertes más que nacimientos. Este crecimiento vegetativo negativo es el mayor en un semestre de toda la serie histórica, iniciada en 1941¿.

El tema de la bajísima natalidad y su implicación en la economía ¿no solo en las pensiones- lo tenemos presente desde hace tres décadas pero nadie toma ninguna medida ni forma parte estelar en los programas de los partidos políticos. Las consecuencias no se limitan al ratio futuro de jubilados y activos sino que compromete al modelo económico, la productividad, el peso del país y su interés como punto de inversión del capital internacional.

Otro aspecto preocupante de nuestro modelo económico es la continua despoblación de las zonas rurales con un desequilibrio económico y medioambiental muy profundo. Ya tenemos ese triángulo en las provincias de Guadalajara y Cuenca con tan reducido número de  habitantes por kilómetro cuadrado que ha sido bautizado como la Laponia española. Pero sin llegar a estos extremos la crisis económica reciente ha vuelto a despoblar numerosas localidades del interior del país en busca de oportunidades en las zonas más prósperas y pobladas. Es un problema de hoy pero que no parece resultar interesante para nuestros economistas y mandatarios.

 La falta de formación de empresarios y trabajadores es un importante lastre para nuestro país. El elevado paro, la escasez de mano de obra cualificada para que se asienten aquí empresas extranjeras es un mal que se arrastramos desde hace tiempo y que exige de una planificación a largo plazo con una preparación para la economía actual y la que está por venir. Y estas apreciaciones parte de servicios de estudios tan sesudos como el del Banco de España. Pero ahí seguimos liados en si los jóvenes deben aprender más catalán o vasco que castellano o si se puede pasar de curso con cuatro asignaturas suspendidas o si copiamos de una vez por todas la formación profesional de Alemania.

Economía a largo plazo que sigue sin prever el problema de la España seca frente a la húmeda (transitoriamente, esperamos que acabe pronto, toda es seca) y que limita crecimientos agrícolas en los que somos potencia, mientras se ponen parches que no permiten una solución definitiva. Aquí, la pugna entre Comunidades Autónomas, desencuentros que llevan años enquistados y que impiden hacer una política de agua duradera y sostenible.

Reconociendo su hipotética gravedad con las pensiones públicas, hay otros muchos temas que afectarán a nuestra economía y a nuestro bienestar que deben plantearse como pactos no partidarios para el largo plazo. Pero me temo que dentro de veinte años seguiremos hablando de lo mismo¿ del dato del IPC del mes noviembre, de nuestra prima de riesgo o de si los parados han bajado cuatro décimas, según la última EPA.