El laudo dictado por ese tribunal arbitral obliga a España a pagar 53 millones de euros a una sociedad con sede en Luxemburgo, según un comunicado de la Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica (Anpier).

Este laudo se suma al que dictó en mayo el Centro Internacional para el Arreglo de Diferencias sobre Inversiones (Ciadi), que multó a España con 128 millones de euros.

El Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital estudia la respuesta al laudo de la Cámara de Comercio de Estocolmo, ya que cabe recurso por la vía judicial, aunque aún no ha tomado una decisión, según fuentes de ese departamento.

Los inversores extranjeros reclaman a España al menos 7.566 millones de euros en distintas instancias internacionales de arbitraje por los perjuicios que supuestamente les causaron los recortes en las primas a las energías renovables.