El portavoz parlamentario de Economía de Ciudadanos, Toni Roldán, ha explicado que la propuesta supone acabar "de un plumazo" con la temporalidad ya que aboga por un contrato indefinido que sube las indemnizaciones de los 12 días actuales de los contratos temporales a 20 días por año trabajado.

No obstante, las indemnizaciones por despido improcedente seguirían en los 33 días por año y la ley no tendría efectos retroactivos para los trabajadores actualmente con contratos fijos.

Ciudadanos mantendría los contratos de formación (sin indemnización) y de sustitución y emplaza a que en un año un grupo de trabajo formado por expertos analice la nueva realidad laboral de las plataformas digitales, con el fin de dar seguridad a estos trabajadores y flexibilidad.

La proposición de Ley de Ciudadanos insta a establecer un "bonus" que premie a las empresas que inviertan en formación y aumenten las contrataciones indefinidas en cada sector, al tiempo que pide crear una "mochila de derechos personal", en la que la empresa destine un porcentaje de sus cotizaciones.

Se da de plazo un año para el desarrollo reglamentario de ambas medidas.

Roldán ha explicado que se trata de una cuenta personal en la Seguridad Social que supondrá un "anticipo de las indemnizaciones" que en un futuro podría pagar la empresa al trabajador y no ha descartado que el Estado también aporte a este fondo un porcentaje para complementar estas "pequeñas" aportaciones empresariales.

Ha recordado que el Estado contempla hasta 7.000 millones de euros anuales vinculados a formación y que "en gran parte se tiran a la basura".

La denominada "mochila de derechos", inspirada en el modelo austriaco, no tendría límite temporal y según la estimación de Ciudadanos supondría que la empresa anticipara anualmente una posible indemnización del entorno de los 8 días por año trabajado.

Fuentes del partido han explicado que si el trabajador es despedido, el empresario ya tiene una parte de la indemnización adelantada, mientras que también es beneficioso para el empleado que se quiere cambiar de trabajo y no tiene derecho a indemnización, porque se lleva consigo esa mochila.

Si bien este último caso podría perjudicar a la empresa, ésta también se beneficia del incentivo de poder reducirse las cotizaciones a la Seguridad Social si fomenta la contratación indefinida y la formación.

Se trata de alcanzar un equilibrio y apostar por la "flexiseguridad", como señala Roldán.

Ciudadanos está abierto a negociar esta mochila y aboga porque el trabajador la pueda utilizar para invertir en formación o como complemento para su pensión.

"No es una contrarreforma contra el empresario, ni contra el trabajador, ni contra el PP ni el PSOE, es un cambio en el modelo laboral", ha insistido portavoz económico para luchar contra un 18 % de paro estructural y porque casi seis millones de personas no llegan a cobrar el equivalente al salario mínimo interprofesional en un año debido a la rotación y la temporalidad.

En cuanto a los contratos formativos y de sustitución, según el texto de la Ley, todos adquirirán el carácter de fijos si no han sido dados de alta en la Seguridad Social, salvo que se confirme claramente su naturaleza.

El contrato a tiempo parcial se convertirá siempre en indefinido.

La iniciativa establece diferentes periodos de prueba, que en ningún caso pueden exceder de seis meses para los técnicos titulados y en las empresas de menos de veinticinco trabajadores no puede ser superior a los tres meses para los trabajadores que no sean técnicos titulados.

Durante el período de prueba, el trabajador tendrá los derechos y obligaciones correspondientes al puesto de trabajo que desempeñe como si fuera de plantilla.

Asimismo, a la finalización del contrato de sustitución, el trabajador tendrá derecho a una indemnización equivalente a 20 días de salario por año de servicio, aunque en este caso, el empresario puede descontar de la cuantía de dicha indemnización el importe total de las aportaciones que hubiera realizado en su cuenta personal de la Seguridad Social durante la vigencia de la relación laboral.

La ley de Cs pide que se cree una Oficina Nacional de Evaluación de las Políticas Activas de Empleo, que se adopten los convenios oportunos con las CCAA para implantar los cheques de formación y que se modifique la ley del Estatuto Básico del Empleado Público para "generalizar" la contratación indefinida.

En el plazo máximo de un año desde la entrada en vigor pide que el Gobierno apruebe una nueva Ley de Infracciones y Sanciones con multas mayores.

"El objetivo es acabar con este modelo perpetuado durante años por el bipartidismo del PSOE y del PP y la solución no es como piden los socialistas derogar las reformas laborales ni hacer promesas de volver a los 45 días de indemnización que lo que hace es perpetuar los problemas de los más vulnerables", ha afirmado Roldán.