Además de ese préstamo, el Gobierno tiene previsto sacar este año del Fondo de Reserva de las pensiones un importe de 3.826 millones de euros para poder afrontar el pago de pensiones contributivas, dado el déficit del sistema de la Seguridad Social.

Con esto no se agotaría la cuantía de la hucha pero, en cualquier caso, el Gobierno no tiene intención de vaciarla por completo. Es más, la idea, según las mismas fuentes, es empezar a inyectar dinero en el Fondo de Reserva cuando se logre acabar con el déficit de la Seguridad Social, que este año el Ejecutivo prevé que se sitúe en el 1,1% del PIB.

Una de las medidas que contribuirán a reducir el saldo negativo del sistema es seguir separando las fuentes de financiación de la Seguridad Social, recomendación que recogió el Pacto de Toledo y que, de haberse empezado a aplicar hace diez años, hoy conllevaría que el Fondo de Reserva estuviera dotado con 100.000 millones de euros, según las mismas fuentes.

A la espera de las decisiones que adopte la Comisión del Pacto de Toledo, del que el Gobierno espera obtener un acuerdo político antes de que finalice la primavera, desde el Ministerio de Empleo tienen claro que la Seguridad Social sólo debería asumir en su presupuesto el coste de las prestaciones contributivas, es decir, de las que se pueden financiar con cotizaciones sociales.

Actualmente, el 94,2% de las pensiones se paga con cotizaciones. El objetivo del Gobierno es llegar al 100%. Y para eso es necesario 'limpiar' el sistema de la Seguridad Social y sacar fuera de su presupuesto las reducciones en las cotizaciones y las prestaciones de política social, como las de maternidad y paternidad.

CONVERTIR REDUCCIONES EN BONIFICACIONES

Las reducciones de cotizaciones a la Seguridad Social, generalmente utilizadas para fomentar la contratación o el emprendimiento, se financian con cargo al Presupuesto de la Seguridad Social, por lo que el sistema pierde ingresos por esta vía, mientras que las bonificaciones son soportadas por el Estado a través del presupuesto del Servicio Público de Empleo (SEPE).

Si las reducciones se convierten en bonificaciones, el importe de las mismas lo financia el Estado a través del SEPE y éste se ingresa en la caja de la Seguridad Social. De este modo, que las reducciones desaparecieran por completo y se transformaran en bonificaciones, aliviaría el déficit del sistema.

El año pasado, el importe de las reducciones alcanzó los 1.690 millones de euros. Para 2018, esta cuantía se ha reducido a 1.500 millones de euros, según fuentes de Empleo.

Acabar con el déficit de la Seguridad Social es, para el Gobierno, un objetivo esencial. Entre otras cosas, argumentan desde el Ministerio de Empleo, eliminar el desequilibrio financiero del sistema contribuiría a que las pensiones no se revalorizaran automáticamente un 0,25% anual, pues podrían subir por encima de la evolución de los precios. La fórmula actual está a ligada a la situación financiera del sistema y establece una subida mínima del 0,25% y un techo máximo del IPC más un 0,50%.

Respecto al Fondo de Reserva, en el Gobierno tienen claro que no es esta hucha la que garantiza las pensiones, sino sólo un instrumento más del sistema. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, lo calificó ayer de "apunte contable". Actualmente, el Fondo cuenta con unos 8.000 millones de euros, que se reducirán casi a la mitad cuando se saquen los 3.826 millones de euros que se prevén utilizar este año.

Para el Ejecutivo, la garantía del sistema de pensiones se encuentra en el crecimiento económico y la creación de empleo. Sus previsiones apuntan a que el PIB crecerá este año un 2,7% y a que se crearán 475.000 empleos. Pero ya hay voces en el Gobierno que creen que estas estimaciones se quedarán cortas y que podrían generarse, de nuevo, más de medio millón de puestos de trabajo.

SUBIDA DE PENSIONES MÁS BAJAS

El proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para este año incorpora mejoras, con carácter retroactivo, para las pensiones más bajas. Así, de salir adelante las cuentas públicas, las pensiones mínimas se incrementarán un 3%; las pensiones contributivas inferiores a 9.800 euros anuales subirán un 1,5% y los que cobren menos de 12.040 euros anuales verán revalorizadas sus pensiones un 1%.

Al mismo tiempo, las pensiones de viudedad de los mayores de 65 años que no tengan otra fuente de ingresos distinta de su pensión cobrarán una mayor cuantía al elevarse dos puntos la base reguladora con la que se calcula la prestación, desde el 52% al 54%.

Todas estas mejoras beneficiarán, según el Gobierno, a más de 5,7 millones de pensionistas, con un coste estimado de 1.097 millones de euros.

Dependiendo de la clase de pensión que se perciba, las subidas recogidas en Presupuestos supondrán más o menos dinero al pensionista. Por ejemplo, un persona mayor de 65 años titular de una pensión mínima de jubilación sin cónyuge a cargo pasará a cobrar 656,9 euros al mes, frente a los 637,7 euros de 2017, con un aumento anual de la nómina de su pensión de 246,4 euros anuales.

Además, el Ejecutivo calcula que un millón de pensionistas se verán beneficiados de la reducción en el IRPF a las rentas inferiores a 18.000 euros anuales.

A modo de ejemplo, un pensionista mayor de 65 años y soltero con una pensión de hasta 14.500 euros anuales tendría un ahorro fiscal de 408,5 euros este año, mientras que un pensionista también mayor de 65 años, casado, y con una pensión de hasta 16.500 euros anuales se ahorraría 378,4 euros. En el caso de un pensionista menor de 65 años, viudo, y con un familiar a cargo que cobrara hasta 17.000 euros de pensión, el ahorro fiscal alcanzaría los 361,4 euros.