El acuerdo demandaría una negociación cercana a seis semanas, agregó un portavoz del Ministerio de Hacienda del país sudamericano.
Argentina busca fondos frescos que le permitan dejar atrás las importantes turbulencias que sacuden desde hace semanas a sus mercados financieros.
"Es el nivel de préstamo que más nos permitirá maximizar la cantidad de plata que le podemos pedir al fondo", señaló Caputo en una entrevista en el canal local de televisión TN el miércoles por la noche, y detalló que espera una tasa de alrededor del 4 por ciento.
El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, se reunió el miércoles en Estados Unidos con la autoridad del FMI para el Hemisferio Occidental, Alejandro Werner, mientras que el jueves se encontrará con la directora gerente del organismo multinacional, Christine Lagarde.
De acuerdo con el sitio web del FMI, los SBA son utilizados principalmente por países de medianos ingresos para ayudarlos a "salir de las crisis y volver a un crecimiento sostenible". Las naciones que piden prestado dinero en este marco deben pagarlo en un plazo de entre 3,25 y 5 años.
La banca de inversión BTG Pactual dijo el miércoles en una nota que un SBA sería más negativo para Argentina que otras opciones de financiación del FMI, ya que esa modalidad es otorgada a países que muestran "señales de alto riesgo de insolvencia e implica condiciones más rigurosas".
Sin embargo, el economista de Goldman Sachs Alberto Ramos consideró que se trata de "una movida audaz y resuelta" por parte del Gobierno.
"Es un paso en la dirección correcta desde el punto de vista de la macroeconomía y de las finanzas", escribió en una nota, donde además señaló que cree que el FMI será más suave con las condiciones que ponga a Argentina debido a que el Gobierno está tratando de impulsar amplias reformas favorables al mercado.
El FMI describe los SBA de alto acceso como un seguro frente a posibles necesidades de financiación muy altas que se usan cuando un país no tiene la intención de utilizar el montante obtenido pero tiene la opción de hacerlo en caso de necesitarlo.
La decisión de acudir al FMI, anunciada por sorpresa el martes después de que una serie de drásticas alzas de tipos de interés del Banco Central no logró frenar la depreciación de la moneda local, implica un riesgo político para el Gobierno por el amplio rechazo que tiene la entidad en la sociedad argentina.
"El Gobierno es consciente de ese costo. Es un paso que le hubiese gustado no tomar. Corre un riesgo de profundizar la pérdida de popularidad", dijo Juan Cruz Díaz, director de Cefeidas Group. "Pero este es el momento para tomar estas decisiones difíciles", agregó.
El Ministerio de Asuntos Exteriores dijo en un comunicado que responsables de Estados Unidos, Japón, Brasil, España y Chile habían enviado mensajes de apoyo a la política económica de Argentina y a su decisión de buscar financiación del FMI.
El ministro Dujovne dijo que la del FMI es la financiación más barata que el país tiene disponible y que el plan oficial busca llevar estabilidad al mercado doméstico, en medio de un debilitamiento general de las monedas de la región como parte de una mayor aversión al riesgo en plazas globales.
En tanto, el Banco Central argentino obtuvo el miércoles 2.000 millones de dólares de una línea de crédito del Banco de Pagos Internacionales, lo que incrementó sus reservas, que están golpeadas tras fuertes ventas recientes de divisas en el mercado cambiario para intentar sostener a la moneda local.
El presidente Mauricio Macri, un exempresario liberal, busca detener las grandes presiones devaluatorias sobre el peso ya que ello alienta aún más la alta inflación, cuya reducción es uno de los objetivos principales de su Gobierno.
Argentina fijó como meta oficial para este año una inflación del 15 por ciento, pero los analistas creen que se ubicaría por encima del 20 por ciento. El año pasado, la tercera economía de América Latina anunció alzas de precios de casi 25 por ciento.
Buenos Aires y el FMI retomaron su relación después de que Macri llegó al poder en diciembre de 2015 tras una década de gobiernos de centroizquierda que cortaron lazos con el organismo, al que responsabilizaban por las políticas que llevaron el colapso de 2001-2002, que derivó en una masiva suspensión de pagos de deuda.