El Departamento que dirige Íñigo de la Serna se ha hecho ya con ocho de las nueve autopistas de peaje en quiebra.

Fomento ha asumido la titularidad, la gestión y la explotación de la R-3 y la R-5 toda vez que la sociedad actualmente concesionaria de las vías, Accesos de Madrid, ha sido declarada en liquidación.

Se trata de una firma participada por Abertis, Sacyr, ACS y Bankia, que quebró con una deuda de 449 millones de euros.

La R-3 es una vía de 31,8 kilómetros de longitud que conecta la capital con Arganda y la carretera de Valencia y actualmente registra un tráfico de unos 9.886 vehículos diarios.

De su lado, la R-5 Madrid-Navalcarnero cuenta con 31,63 kilómetros, que enlazan con la carretera de Extremadura, y contabiliza unos 7.800 usuarios al día.

Tras 'rescatar' estas dos radiales, Fomento queda pendiente de que la AP-41 Madrid-Toledo alcance también el proceso de liquidación para concluir el rescate de las autopistas quebradas que comenzó el pasado mes de febrero.

Se trata de las primeras vías de pago que el Estado tiene bajo su gestión en más de una década. Las asume seis años después de que en 2012, en plena crisis, se declararan en concurso por el desplome del tráfico y los sobrecostes de las expropiaciones.

Estas nueve infraestructuras suponen casi una quinta parte (570 kilómetros) del total de la red viaria de pago. Su construcción supuso una inversión de 7.000 millones y suman deuda de 3.200 millones.

'REPRIVATIZACIÓN'

El plan de Fomento para estas autopistas pasa por asumirlas y mantenerlas en servicio para los usuarios en tanto que el próximo mes de junio las saca de nuevo a concurso. Su objetivo es volver a ceder su gestión a empresas privadas antes de que acabe el año.

En paralelo, el Ministerio trabaja para rescindir los respectivos contratos de concesión. Una vez que se anulen, comenzará a correr el plazo de seis meses con que cuenta para calcular y pagar a las actuales concesionarias el importe que invirtieron en su construcción y que aún no habían recuperado con el cobro del peaje, la denominada responsabilidad patrimonial de la administración (RPA).

Se trata de una 'factura' que el Gobierno estima en unos 1.800 millones, tras rebajar recientemente el importe inicialmente estimado en 2.000 millones de euros, pero que los acreedores de las vías elevan hasta 4.500 millones. Fomento espera aminorar este monto con los hasta 1.000 millones de euros que prevé obtener con su relicitación.