A cierre de 2017, el FROB se encontraba personado en un total de 25 causas penales, 21 de ellas iniciadas por denuncia del propio organismo ya sea directamente ante el Ministerio Público o a través de las entidades durante el periodo en el que fueron administradas por el fondo.

De las casi 60 prácticas sospechosas, diez de ellas emanan de informes forensic en los que se analizaron determinadas operaciones de dudosa racionalidad económica anteriores a 2010, siendo nueve de las antiguas Caja España y Caja Duero -hoy Banco Ceiss-, y una de Sa Nostra -integrada en BMN-.

Números que ya fueron avanzados el pasado enero en la comisión del Congreso que investiga la crisis financiera por el exministro de Economía, Industria y Competitividad Luis de Guindos, que cifró en más de 3.700 millones de euros el posible perjuicio ocasionado.

En el ámbito contencioso-administrativo, la mayoría de acciones giraron en torno al proceso de resolución del Banco Popular que acabó con su venta al Santander por un euro: en concreto, se interpusieron 114 recursos, de los cuales ninguno ha prosperado tras la inadmisión o desestimación por parte de la Comisión Rectora.

Incluye además los 259 recursos interpuestos por los afectados ante la Audiencia Nacional, cuya tramitación se encuentra actualmente paralizada a la espera de que se pronuncie el Tribunal General de la Unión Europea.

Sobre el resto de medidas dirigidas contra las actuaciones del FROB en la gestión de híbridos o el traspaso de activos a Sareb, el fondo destaca que todos los pronunciamientos de las autoridades han confirmado la "legalidad" de su actuación.

También en la totalidad de litigios mercantiles en los que se solicitaba la nulidad de los contratos de compraventa de acciones de entidades en reestructuración o resolución, y que acabaron con sentencia favorable para el organismo.

Mientras que en materia civil, el FROB insiste en el aval de la justicia al mecanismo de revisión implantado en la resolución de Banco Ceiss y que varios clientes decidieron impugnar ante los tribunales.

El fondo señala además varios procesos civiles "de envergadura", en tramitación desde el ejercicio anterior, frente a algunos directivos y altos cargos de entidades que recibieron ayuda pública y que habrían incurrido en conductas "reprochables" que pudieron agravar la situación.

Finalmente, durante 2017 el FROB recibió 63 solicitudes de acceso a información de conformidad a la ley de transparencia, de las cuales 16 desistieron y 4 fueron inadmitidas.