La reclamación de Itochu se suma a las que tienen presentadas inversores extranjeros en distintas instancias internacionales de arbitraje por los perjuicios que supuestamente les causaron los recortes en las primas a las energías renovables y que ascienden en torno a 7.600 millones de euros.

Itochu es la segunda compañía de comercio general más grande de Japón tras Mitsubishi Corporation y está en multitud de sectores, como textil, maquinaria, aerospacio y electrónica, mercancías, alimentos, finanzas, seguros, servicios logístico y energía, entre otros.

El grupo japonés constituyó en diciembre de 2010 una alianza con Abengoa Solar para construir dos plantas termosolares de 50 megavatios cada una en Logrosán (Cáceres), con una inversión conjunta superior a los 500 millones de euros, según informaron en su momento.

En diciembre de 2012 inauguraron la primera fase de esa plataforma solar, denominada Extremadura, con dos plantas de 50 megavatios cada una, que iban a completar con otras dos en 2013, lo que sus promotores decían la convertirían en el mayor complejo solar de España.

Itochu había tenido antes otras inversiones en España, la más relevante, el 5 % que adquirió en 1997 en la plataforma televisiva española Vía Digital, que tenía Telefónica con RTVE y la mexicana Televisa, por el que desembolsó 2.000 millones de yenes, unos 2.400 millones de pesetas de entonces.

Varias compañías internacionales ya han obtenido resoluciones favorables a sus reclamaciones en los arbitrajes que ya se han celebrado, como los fondos Eiser, Masdar y Antin.

En mayo de 2017, el Ciadi dictó un laudo que obligó a España a pagar 128 millones al fondo británico Eiser Infrastructure, que reclamaba 298 millones, y en mayo ya del presente año ordenó compensar a Masdar, filial de energías renovables del fondo soberano de Abu Dabi Mubadala, con 64,5 millones también por el recorte de las primas, cuestión por la que reclamaba 165 millones de euros.

Además, en febrero pasado el Instituto de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Estocolmo obligó a España a pagar 53,3 millones de euros a Novenergia, con sede en Luxemburgo, por el recorte de primas a sus plantas fotovoltaicas en España, aunque posteriormente la justicia sueca suspendió esa decisión de forma indefinida.

El fondo Antin es el que ha obtenido la última resolución favorable al obligar el Ciadi en un auto a España a pagarle 112 millones de euros, del total de 218 millones que reclamaba, por el recorte de las primas a las energías renovables en el que fue su tercer fallo contra España por reclamaciones relacionadas con esta cuestión.