Las entidades españolas que contribuyen al Fondo aportaron 735,64 millones de euros, la cuarta mayor factura.

El Fondo de Resolución empezó a nutrirse en 2015 con contribuciones del sector privado y su finalidad es apoyar financieramente, en caso de que sea necesario y dentro de ciertos límites, para ejecutar las resoluciones bancarias que requieran intervención europea.

El objetivo es que para 2023 cuente con una cantidad equivalente al 1% del volumen de depósitos garantizados en el área de la moneda única, cifra que a su puesta en marcha se estimaba en 55.000 millones de euros, pero que podría ser mayor dado el aumento de estos depósitos, que crecieron un 3% entre 2016 y 2017.

"Si vemos que esta tendencia sigue en los próximos años, el fondo terminará en un rango de entre 63.000 y 67.000 millones de euros", apuntan fuentes de la Junta Única de Resolución, el organismo responsable de ordenar las resoluciones bancarias que requieran acción comunitaria.

El aumento de los créditos entre 2016 y 2017 explica que la JUR fijase un objetivo de 8.100 millones de euros en contribuciones para 2018, que se tradujo en una recaudación final de 7.500 millones tras aplicar ciertas deducciones.

Esta cantidad es mayor que en 2017, cuando las entidades pagaron 6.600 millones de euros, y también que en 2016 (6.400 millones) y 2015 (4.300 millones).

El 96% de la factura de 2018 fue abonado por las entidades consideradas "grandes" (con un volumen total de activos superior a 3.000 millones), que representaron solo el 21% del total de 3.315 entidades que contribuyeron.

El 28% fueron entidades medianas (entre 1.000 y 3.000 millones de activos totales) y el 49% pequeñas (menos de 1.000 millones).

Por países, el que más ha pagado para 2018 es Francia (2.290 millones, seguido de Alemania (1.986 millones), Italia (827,2 millones) y España.

El hecho de que el FUR pueda terminar siendo mayor de lo previsto inicialmente afectará a las negociaciones en curso para poner en marcha su cortafuegos común, ya que este debe tener una dotación similar al total del Fondo.

Esta red de seguridad consiste en una bolsa de financiación que debe ser aportada inicialmente por los Estados para garantizar que hay recursos suficientes si se produce una quiebra o varias cuyo coste total supere el volumen disponible en el fondo.

En junio los líderes de la eurozona acordaron que este cortafuegos sería proporcionado por el Mecanismo Europeo de Estabilidad y encargaron a sus ministros diseñar los detalles.

Fuentes de la JUR indicaron que están negociando con los Estados miembros tanto sobre la dotación como sobre la forma que tomará - una línea de crédito o un fondo revolvente, por ejemplo - "con el fin de alcanzar un acuerdo en diciembre".