También el Consejo ha autorizado a la Comunidad de Madrid a emitir deuda o lograr préstamos por un valor máximo de 503,12 millones; en su caso, no es un trámite extraordinario porque ha venido financiándose en los mercados con regularidad.
Asimismo, el Gobierno ha autorizado a la Comunidad Valenciana a formalizar operaciones de deuda a largo plazo por un importe máximo de 300 millones de euros para refinanciar diversos préstamos de los mecanismos de financiación del Estado, formalizados durante los ejercicios 2012 y 2013, para conseguir una reducción en sus costes financieros.
En el caso de Andalucía, la medida supone el retorno de esta comunidad autónoma a los mercados. Ello es posible por el acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (CDGAE) firmado el pasado mes de julio, que estableció un procedimiento para poder combinar la financiación con cargo al Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas con la captación de recursos a través del mercado de capitales y de préstamos bancarios.
La Comisión estableció unos requisitos para las autonomías que quisieran dar el paso y dos solicitaron permiso: Andalucía y las Islas Baleares. Y Andalucía, la comunidad que hasta junio tenía como consejera de Hacienda precisamente a la actual ministra, ha logrado este viernes la autorización para un importe máximo de 600 millones, que cubriría parte de la financiación necesaria para el cuarto trimestre de 2018.
REQUISITOS
Las Comunidades que quisieran salir a los mercados en 2018 debían presentar al Ministerio de Hacienda y de Economía y Empresa un Plan Plurianual de Endeudamiento (PPE) antes del 31 de julio, que cubra el período comprendido entre el tercer trimestre de 2018 y diciembre de 2021. Finalizado el plazo establecido, han presentado dicho Plan Andalucía y Baleares.
Los gobiernos autonómicos adheridos al compartimento Facilidad Financiera que deseen salir a los mercados a partir del inicio del año 2019 y siguientes deben presentar ese plan antes del 30 de noviembre próximo.
Ese PPE deberá ser coherente con los objetivos de estabilidad presupuestaria, deuda pública y regla de gasto aprobados y adecuarse a la ley de Estabilidad.