Los portavoces parlamentarios de la comisión han cerrado hoy por fin un acuerdo en torno a la recomendación segunda para que la actualización de la pensión vuelva a vincularse a la inflación como el mecanismo que ha de servir para conservar el poder adquisitivo de las pensiones.

Tras casi dos años de negociaciones, los partidos políticos han consensuado que la recomendación recuerde, tal como contempla la de 2011, que la revalorización debe ser diferenciada de cualquier otra acción de mejora encaminada no a conservar, sino -cuando lo permita la situación económica y con la oportuna cobertura legal-, a aumentar dicho poder adquisitivo.

Además, dejan claro que "la comisión constata que el vigente Índice de Revalorización de las Pensiones (IRP) no goza del suficiente consenso político y social", en referencia al indicador aprobado por el Gobierno del PP que subía las pensiones el 0,25% anualmente mientras la Seguridad Social estuviera en déficit.

"La comisión considera esencial, a los efectos de generar confianza en la ciudadanía, recuperar el consenso de la Recomendación del Mantenimiento del poder adquisitivo y mejora de las pensiones, aprobada en el año 2011 en el marco de las Recomendaciones del Pacto de Toledo", puntualiza la recomendación.

Asimismo considera que el desarrollo de lo establecido en esta recomendación deberá ser consultado y debatido en el seno del Pacto de Toledo.

La comisión afirma que la sostenibilidad del sistema exige que sólo se financien con cargo a los recursos de la Seguridad Social los gastos correspondientes al estricto mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones y que toda subida por encima del IPC sea sufragada con cargo a otros recursos financieros.

Señala que el Pacto de Toledo, como ha venido haciendo en el pasado, defiende el mantenimiento del poder adquisitivo de los pensionistas, su garantía por Ley y su preservación mediante la adopción de medidas encaminadas a asegurar el equilibrio social y financiero del sistema de pensiones en el futuro.

Esta recomendación formará parte del conjunto de medidas que el Pacto de Toledo redactará para garantizar la sostenibilidad y suficiencia del Sistema de la Seguridad Social y que deberán ser debatidas y votadas posteriormente en el Pleno del Congreso.

Una vez que sean aprobadas por la Cámara Baja, el Gobierno es quien tiene que legislar siguiendo previsiblemente las directrices del Pacto de Toledo, que no son vinculantes.