El anteproyecto aprobado este viernes en Consejo de Ministros obligará también a los titulares de cuentas en el extranjero de monedas virtuales deberán informar de ello en la declaración de bienes y derechos en el exterior.
Asimismo, contempla sanciones de hasta 150.000 euros para quienes vendan o distribuyan software de doble uso con el que se ocultan ventas y servicios en las operaciones con consumidores finales, según ha explicado la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
La norma exige que los sistemas informáticos o electrónicos que soporten procesos contables o de gestión empresarial garanticen la integridad, conservación, trazabilidad e inviolabilidad de los registros de operaciones, por lo que se posibilita la necesidad de certificación y se establecen sanciones en caso contrario.
La ministra ha destacado que la Ley recoge una batería de medidas contra las nuevas formas de fraude, para luchar contra los comportamientos inadecuados de las multinacionales que hacer planificaciones fiscales "agresivas" y para lograr un sistema fiscal más redistributivo y justo.
Ha añadido que habrá 200 nuevos funcionarios en la Agencia Tributaria (AEAT) para dar cumplimiento a las medidas incluidas en el anteproyecto.
Respecto a la recaudación prevista, ha asegurado que la estimación de 828 millones de euros es conservadora, teniendo en cuenta que el anterior Ejecutivo del PP cifraba en 1.000 millones los ingresos derivados de cada una de las leyes que hizo contra el fraude.
Montero ha destacado otras medidas incluidas en el anteproyecto como el refuerzo del control de la actividad del juego y las apuestas deportivas, con la elaboración de "una lista negra" de operadores que no están autorizados.
Asimismo, la norma habilita al Gobierno para actualizar y ampliar la lista de paraísos fiscales, incluyendo regímenes fiscales perjudiciales que faciliten el fraude fiscal y añadiendo nuevos motivos para ser incluidos en el listado.
Así, figurarán como paraísos fiscales aquellos territorios con baja o nula tributación, con opacidad o falta de transparencia al no existir un efectivo intercambio de información tributaria con España sobre el titular real de los bienes o derechos, o que faciliten instrumentos que permitan atraer beneficios sin una actividad económica real en el país.
También prohíbe las amnistías fiscales, una medida que afectará a grandes fortunas y contribuyentes y que son "un agravio para los consumidores cumplidores", ha dicho Montero.
Otra medida que incorpora el anteproyecto de Ley es la modificación de las limitaciones del pago en efectivo, con la que pretende ingresar 218 millones de euros.
Para ello, reducirá de 2.500 a 1.000 euros el importe máximo de operaciones entre empresarios, mientras que para las realizadas entre particulares el límite se mantiene en los 2.500 euros para "evitar su impacto" en la "economía doméstica", dice el Ministerio.
Además, se disminuye el límite de pago en efectivo de 15.000 a 10.000 euros entre particulares con domicilio fiscal fuera de España, de forma que trata de atajar estas operaciones en efectivo que son "difícilmente rastreables y facilitan comportamientos recaudatorios".
El Ministerio añade también que va a reducir el umbral de deuda necesario para entrar en la lista de morosos con la Hacienda Pública, de un millón de euros a 600.000 euros, y en ella figurarán también los responsables solidarios, además de los deudores principales, una medida con la prevé ingresar 110 millones de euros.
La Ley traspone también la directiva europea antielusión para que las multinacionales tributen en los países en los que generan valor y evitar que trasladen beneficios a territorios con una baja tributación.