El Supremo reunirá al pleno para decidir sobre las hipotecas el 5 de noviembre

El presidente del Supremo, Carlos Lesmes, señala que la sentencia conocida por la opinión pública, dictada por la sección segunda de la Sala Tercera del supremo, relativa a la determinación del sujeto pasivo del impuesto de Actos Jurídicos Documentados que grava las escrituras que documentan los préstamos con garantía hipotecaria, es firme y no susceptible de revisión por el pleno de la Sala Tercera.

Además, ese mismo día, se debatieron simultáneamente otras dos sentencias entre las mismas partes y con similar objeto. ¿Estas sentencias tampoco son susceptibles de revisión alguna¿.

En la nota enviada por el presidente del Supremo se avala también la decisión de la sección segunda de la Sala Tercera de este tribunal y se asegura que ¿su presidente ha actuado en todo momento con plena lealtad al Alto Tribunal, así como con independencia, profesionalidad y competencia técnica¿¿

Las asociaciones de jueces han dencunciado publicamente  la actuación de Díez-Picazo. Los jueces y juezas para la Democracia consideran que "ha realizado una nefasta gestión de este asunto del que es único y exclusivo responsable, ha generado él solo alarma social, ha provocado desconcierto en la ciudadanía que no saben qué hacer con sus hipotecas y toda su economía doméstica, ha generado inseguridad jurídica, ha utilizado indebidamente las facultades legales que la legislación le encomienda a un Tribunal colegiado y de la entidad del Tribunal Supremo, y ha puesto en tela de juicio la imparcialidad e independencia de los jueces, generando ante la ciudadanía una imagen lamentable de sus juezas y jueces". Por todo ello, continúan, piden y exigen su inmediata dimisión.

Por su parte, la Asociación de jueces Francisco de Vitoria aseguran que "lo insólito de la nota informativa, insistimos, sin que conste ninguna resolución jurisdiccional, unido a la importancia de la materia sobre la que versa, crea confusión y no contribuye a la imagen de independencia del Poder Judicial. La labor diaria que los jueces y tribunales españoles desarrollan respetando escrupulosamente este principio, merece el máximo respeto y protección de todos y, especialmente, de los cargos orgánicos".