En los primeros días del juicio por la salida a bolsa de Bankia, los abogados de la entidad y de su matriz, BFA, han defendido ante los magistrados que siguen sin saber de qué delitos les acusan las acusaciones particulares, demostrando que de las 11.000 demandas interpuestas contra la entidad, solo 168 inversores no han solicitado recuperar el dinero perdido en la OPS de la compañía.

Bankia solicitó entonces a la Audiencia Nacional que analizase si los afectados que acusan en el juicio a los directivos de la entidad pertenecen a ese centenar de minoristas que aún no han sido resarcidos, o si ya han recibido el importe de lo perdido, con lo que deberían de ser expulsados del proceso acogiéndose a la llamada 'doctrina Botín', que fue adoptada por el Tribunal Supremo en 2007 para cerrar el caso de las cesiones de crédito en el que estaba implicado el presidente del Banco Santander, Emilio Botín, y establecía que las acusaciones populares no podían pedir la apertura de juicio oral cuando la fiscalía y los perjudicados hubieran solicitado el sobreseimiento de la causa.

En su exposición, la fiscal Carmen Launa ha defendido la "relevancia e interés colectivo" de la presunta falsedad de las cuentas "de la cuarta entidad financiera del país", que puso en riesgo el sistema financiero en su conjunto y que exigió 23.000 millones de euros de rescate. Launa ha rechazado así la posible aplicación de la doctrina Botín.