El documento que este jueves aprueba esta comisión parlamentaria y que contempla decenas de propuestas incluye un dictamen con unos mínimos que han sido apoyado por unanimidad ya que algunos partidos políticos presentarán votos particulares a las conclusiones que se presentan.

Sin embargo, todos los portavoces parlamentarios han coincidido en condenar la utilización que hizo Caja Madrid de las tarjetas opacas y que ha llevado al exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato a ingresar en prisión para cumplir cuatro años y medio de condena.

Además, el documento lamenta que la presidenta de la JUR, Elke König, eludiera dar determinados informes a la comisión para esclarecer el proceso de resolución del Banco Popular que fue vendido al Banco Santander por un euro.

Durante su comparecencia, König afeó al Parlamento español al remitir a los diputados a una web para conocer más datos sobre el caso del Popular y la presidenta de la comisión, Ana Oramas, le recriminó esa actitud, que fue apoyada por todos los portavoces.

"Esto es un parlamento nacional, que forma parte del parlamento europeo y que no se puede equiparar con despachos de abogados", le ha dicho Oramas en nombre de todos los grupos parlamentarios.

König recibió duras críticas de todos los partidos por haber procedido con falta de transparencia.

Por otra parte, otros de los puntos de coincidencia en el dictamen debatido en la Comisión hace referencia al reconocimiento de todas las personas que durante la crisis presentaron demandas y recursos ante los abusos de la banca y llegaron incluso a los tribunales europeos.

En los informes de conclusiones que enviaron todos los partidos a esta comisión, que ha investigado durante casi un año y medido la crisis económica, todos han coincidido en que los principales organismos reguladores, sobre todo el Banco de España, fallaron en su diagnóstico y no atajaron la crisis económica.

De hecho entre las propuestas se incluirán varias del PP que piden que las resoluciones de la CNMV sobre las denuncias o reclamaciones que recibe sean "de obligado cumplimiento" y se dote al supervisor español de instrumentos inspectores y sancionadores "más potentes".

Fuentes parlamentarias han avanzado a EFE que también se pedirá mejorar la independencia de todas las autoridades implicadas en la supervisión de las entidades de crédito y establecer procedimientos claros sobre el rol de cada supervisor. EFECOM

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