La sanción, que es firme vía administrativa, se enmarca en la Ley de Ordenación, Supervisión y Solvencia de Entidades de Crédito, y ha sido impuesta por la comisión de una infracción muy grave consistente en presentar deficiencias en su estructura organizativa, en sus mecanismos de control interno o en sus procedimientos administrativos y contables.

De esta forma, el organismo supervisor dirigido por Pablo Hernández de Cos ha inhabilitado a Hernández Bona después de haber hecho lo propio con Ivette Patricia Hernández Bona el pasado mes de octubre, para ejercer cualquier cargo de administración o dirección en una entidad de pago o del sector financiero, con separación del cargo de administración que ocupa el infractor en la entidad de pago por un periodo de dos años.

Asimismo, ha sancionado a la consejera con una multa de 10.000 euros por la comisión de la misma infracción, debido a que considera que ha puesto en peligro la solvencia o viabilidad de la entidad.