Así figura en la memoria de impacto presupuestario del decreto ley aprobado por el Gobierno sobre medidas urgentes para el impulso de la competitividad económica en el sector de la industria y el comercio en España.

Este cálculo, según el documento al que ha tenido acceso Europa Press, no incluye el coste que podrían producirse por prestaciones de desempleo, ni tampoco el incremento de la recaudación que podrían derivarse de las contrataciones de relevistas o ingresos indirectos derivados de un aumento del consumo o la mejora de la capacitación.

El coste de la jubilación parcial por prestación de la Seguridad Social tendrá un impacto de 87 millones de euros en 2019, y se incrementará paulatinamente hasta 2022, año en el que el Gobierno prevé un mayor aumento de las prestaciones derivado por esta medida, con 384 millones de euros.

DE APLICARSE A OTROS SECTORES, EL COSTE SUBIRÍA A 3.215 MILLONES

En todo caso, es un aumento de los costes en el sistema de la Seguridad Social al inicialmente previsto, ya que una proyección también contemplada en el análisis presupuestario del decreto ley supondría un impacto de 3.215 millones de euros.

Esta proyección se realizaba al replicar las actuales condiciones de jubilación anticipada para los diferentes subsectores de actividad económica, sin tener en cuenta limitaciones cuantitativas recogidas en el propio decreto ley, y que limitan a la baja el impacto presupuestario, según reconoce el Gobierno.

Estas limitaciones, explica el Ejecutivo, conllevan que algunos trabajadores no podrán jubilarse anticipadamente por no llegar a la antigüedad establecida, otros por "no participar directamente en el proceso productivo en la forma que se establece" y otras empresas no podrán aplicarla por no llegar a porcentajes de empleo indefinidos previstos.

La memoria del decreto ley también recoge una diferencia de unos 422.685 euros mensuales entre lo que ingresaría la Seguridad Social por trabajadores que se van a jubilar parcialmente, si continuasen trabajando hasta la edad legal de jubilación, y lo que se ingresa por los trabajadores relevistas (y el tiempo cotizado por el jubilado parcial).

En términos anuales esta diferencia alcanzaría los 5,07 millones de euros que, sin embargo, según el argumento del Gobierno, sería menor que la posible pérdida del 2% de la plantilla del sector manufacturero, que no se renovara por no estar implantado este instrumento, y que ascendería a 5,6 millones de euros anuales.

SE ESPERAN MÁS DE 24.000 RELEVISTAS

Por otra parte, el simulacro realizado por el Gobierno para calcular la aportación total en cotizaciones que supondría en ingresos por nuevas contrataciones, si se aplica a todo el sector manufacturero, podría llegar a suponer 280.175 millones de euros al año. Y es que el Gobierno cree que el contrato podría beneficiar a 24.015 nuevos trabajadores que podrían entrar en este sector como relevistas.

Para realizar este cálculo, el Gobierno ha estimado la firma de 1.200 relevos en una planta industrial en el período 2019-2022, con un nuevo contrato indefinido al 100% de la jornada y un crecimiento de salarios y base de cotización del 2% anual en los próximos 30 años.

Además, cuenta con una cotización extra durante los primeros años de relevo por estar el salario del relevista en estos tres o cuatro primeros años por debajo de la correlación del 65% entre la base de cotización del relevista y el relevado.

Durante 30 años, la aportación total a la Seguridad Social de la empresa (32,7%) y el trabajador (6,35%) por 1.200 trabajadores durante 30 años sería aproximadamente, según estos cálculos, de unos 350.000 euros por empleado.