El plan será aprobado durante el primer trimestre del año que viene en colaboración entre las distintas administraciones públicas y el sector privado, aunque algunas de las "medidas", como la Mesa del Intrusismo, ya han sido activadas, según la ministra de Industria, Comercio y Turismo.

"Dar alternativas laborales a los manteros es uno de los puntos que vamos a abordar con el Ministerio de Trabajo", ha apuntado Maroto, quien ha subrayado que ya existen iniciativas de inserción para estas personas en algunos municipios.

"Son vulnerables y nuestra obligación es protegerles y llevarles a un mercado de trabajo regulado", ha insistido la ministra, que ha recordado que en muchas casos no tienen otra forma de ganarse la vida y están en manos de mafias.

Maroto ha explicado que una de las alternativas que trabajan es la de llevarles hacia el mercado de la venta ambulante legal.

Para ello, están trabajando con las asociaciones de venta ambulante cómo pasarlos a la "legalidad" en coordinación con autonomías y ayuntamientos, que son "los que tienen competencias en políticas activas de empleo", ha recordado.

En cuanto a la posibilidad de sancionar a los compradores de productos falsos, la ministra ha opinado que queda mucho por hacer en "concienciación y sensibilización antes de llegar a la sanción" y ha abogado por llevar campañas a los colegios porque mucha de la venta se desarrolla por internet y son los jóvenes los principales compradores.

Precisamente, Industria ha puesto hoy en marcha una campaña publicitaria en la que busca concienciar a los usuarios de la repercusión que tiene la compra de falsificaciones y los peligros que conlleva para su salud y derechos.

Según datos de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea, la venta de falsificaciones resta a los comercios unos 6.175 millones de euros año en ventas, supone la destrucción de 40.000 empleos y conlleva la pérdida de 15.000 millones en ingreso fiscales y contribuciones a la Seguridad Social.