Endesa mantiene su dividendo y retrasa la junta de accionistas al 5 de mayo

Endesa mantiene su compromiso de remuneración al accionista asumido en su plan estratégico de un dividendo total correspondiente al ejercicio 2019 de 1,475 euros por título, a pesar de la crisis actual por la pandemia del Covid-19, informaron a Europa Press en fuentes de la compañía.

De esta manera, la energética dirigida por José Bogas someterá a su junta general de accionistas el abono del dividendo complementario que se pagará en el mes de julio, y que, con los 0,7 euros pagados el pasado mes de enero a cuenta, elevará la retribución total por 2019 a esos 1,475 euros brutos por acción, que representa un incremento del 3% sobre el dividendo con cargo a los resultados de 2018.

Esto supondrá un desembolso total en retribuir a sus accionistas con cargo al año pasado por parte de la energética, cuyo 70% de su capital controla la italiana Enel, de alrededor de 1.500 millones de euros.

El pasado mes de noviembre, Endesa actualizó su plan estratégico para el periodo 2019-2022, en el que prevé repartir unos 5.970 millones de euros en dividendos entre sus accionistas en esos cuatro años.

Según su 'hoja de ruta', para 2019 abonará un dividendo mínimo de 1,4 euros brutos por acción, que ratifica así con esos 1,475 euros, y en 2020 prevé alcanzar los 1,6 euros. La retribución al accionista en 2021 se situará en un mínimo de 1,4 euros brutos por acción y en 2022 será de 1,3 euros por título.

Junta retrasada

Debido al estado de alarma en España por la crisis del coronavirus, la energética ha decidido retrasar hasta el 5 de mayo la convocatoria de su junta de accionistas, que inicialmente estaba previsto que se celebrase el próximo 27 de abril.

En este sentido, la compañía trabaja en que su asamblea anual se pueda realizar con la asistencia presencial de público, "con todas las medidas que exigen las autoridades sanitarias" o, de no ser posible esa primera opción, llevarla a cabo de manera telemática.

El real decreto aprobado la pasada semana por el Consejo de Ministros da flexibilidad a las compañías, ante la situación excepcional motivada por la crisis del coronavirus, para organizar sus juntas generales de accionistas durante los diez primeros meses del año, cuando antes el plazo expiraba en junio.