El marcaje a las sicavs cuenta con un nuevo aliado. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) pone en duda dos de los fundamentos que estas sociedades esgrimen para defender las particularidades de su régimen tributario. La institución considera que son refugio de grandes patrimonios más que una palanca para el fomento de la inversión colectiva y que contribuyen poco a dinamizar el tejido empresarial español.

Estas son dos de las demoledoras conclusiones a las que la AIReF llega en su estudio sobre beneficios fiscales en el sistema tributario español, que establece que las arcas públicas dejaron de ingresar el año pasado unos 214 millones de euros por estas concesiones. Unas advertencias que llegan justo en el momento en el cual el Gobierno español busca fórmulas para incrementar su recaudación impositiva. Y a nadie se le escapa que las sicavs llevan tiempo en el punto de mira.

La institución de vigilancia fiscal asegura que la concentración de la propiedad de las acciones en un gran número de sicavs por parte de uno o unos pocos accionistas “hace dudar de la naturaleza colectiva de la inversión”. En otras palabras, son más bien el vehículo de inversión de grandes patrimonios rodeados por inversores con un peso casi testimonial. Esta sentencia, a pesar de ser “no concluyente” para el organismo, pone en serios apuros el principal argumento con el que se justifica su tipo reducido del 1% en el Impuesto de Sociedades.

Mariachis y más mariachis

Este razonamiento no es otro que el de su concepción como palancas para “fomentar la inversión en activos financieros de manera colectiva, reuniendo recursos que no son alcanzables de manera individual”. Algo que choca de lleno con la conclusión de que “no se consigue que tenga una naturaleza colectiva al mostrar una elevada concentración de la propiedad”, explica el estudio.

Un paso más allá, la AIReF asegura detectar que “en numerosas ocasiones un único accionista tiene porcentajes muy elevados de participación, de modo que se podría estar produciendo una utilización de dichas instituciones para la gestión personal exclusiva de grandes patrimonios, en lugar de para fomentar la gestión de naturaleza colectiva”. En otras palabras: a pesar de la exigencia legal de un mínimo de 100 accionistas, la presencia de inversores de relleno -conocidos en jerga financiera como ‘mariachis’- seguiría a la orden del día en estas sociedades.

Con base en datos facilitados por las propias sicavs a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la institución fiscal señala que en un 36% de estas sociedades un único accionista es titular de más de un 90% de la misma, un porcentaje que se eleva al 54% si se tienen en cuenta las posiciones de los tres accionistas de mayor relevancia. En un 69% de los casos, un único inversor es dueño de más de la mitad de las acciones de la sicav.

Lo que la AIReF no pone en duda es que las sicavs “sí contribuyen a aumentar la inversión”. En este sentido, el estudio subraya que incluso aunque el número de estas sociedades ha disminuido fuertemente en España “en los últimos años”, aún suponen un elevado porcentaje (60%) del total de las instituciones de inversión colectiva registradas en España y cerca de un 10% del patrimonio invertido.

En el punto de mira

Por lo que respecta a este retroceso de sicavs en activo, la institución no duda en señalar como una de las posibles causas a “los potenciales cambios en su regulación”. Un paquete en el que está incluido tanto el cambio de fiscalidad como el de control, que el Gobierno lleva tiempo planteando que pueda pasar de la CNMV a la Agencia Tributaria. Un movimiento que en su día se calificó en la industria como una puerta abierta a una “caza de brujas”.

Como recientemente publicó Invertia, estos cambios regulatorios están también detrás de la retirada de un insólito número de accionistas, que también habría contribuido a la concentración de posiciones en muchos de estos vehículos tradicionalmente asociados a las grandes fortunas patrias. Así, desde que Pedro Sánchez es presidente del Gobierno, más de 19.600 inversores han deshecho su posición en sicavs nacionales.

Poca inversión en España

El otro punto de crítica de la AIReF va dirigido hacia el potencial de las sicavs para dinamizar la empresa española con sus inversiones. El estudio refleja que “tan solo el 16% de la cartera patrimonial de las sicavs es interior, frente al 24% de los fondos de inversión”, según datos de cierre del ejercicio 2019. Por si fuera poco, la institución resalta que “este porcentaje ha disminuido significativamente en los últimos años”. Si bien reconoce que es una tendencia repetida por el conjunto de la industria por la mayor internacionalización de las carteras de inversión españolas.

El golpe final llega con esta frase: “Este resultado relativiza el tradicional argumento de la importancia de las sicavs como motor de las empresas y la economía española”. Esta afirmación se complementa con el dato de que “tan solo el 4,2% de la cartera patrimonial de las sicavs es deuda nacional, frente al 16% de los fondos de inversión”.

Desde Inverco, la patronal de la industria española de la inversión, apuntan que “las sicavs no españolas que se comercializan en nuestro país, tan solo tienen un 1,5% de valores domésticos en sus carteras, que es el peso de la economía española en el mundo”. Con estos números, la organización afirma que “la existencia de sicavs españolas multiplica por diez la inversión en valores españoles”.

Entre los más restrictivos

De nuevo, la afirmación no podría llegar en un momento más oportuno. A consecuencia de la crisis del coronavirus, tanto el Tesoro Público -que prevé batir récords de emisión neta este año- como muchas corporaciones españolas se han visto obligadas a acelerar su ritmo de colocación de bonos para hacer frente a las exigencias financieras derivadas del frenazo impuesto por la epidemia.

No obstante, y pese a todo lo anterior, la AIReF no tiene más remedio que reconocer que “la legislación española de sicavs es, junto con la de Portugal, algo más restrictiva que el resto de países en cuanto a su definición de inversión colectiva”.

Además, reconoce que en hasta nueve mercados europeos estos vehículos están exentos del Impuesto de Sociedades, si bien en Reino Unido y Grecia sí se aplican otras tasas. Por encima del 1% de España, solo están Portugal -con un rango de entre en 10% y el 25%- y Noruega, que aplica un 28% pero solo en fondos de acciones y exime de tributación a las plusvalías obtenidas.

Desde la patronal sectorial señalan aquí que este gravamen del 1% “es adicional al que ya pagan los inversores en su IRPF”, un detalle que 'esconde' una mayor factura de la Agencia Tributaria que va del 19% en el caso de algunos particulares al 25% cuando el que transmite acciones es una empresa.