BME lanza una plataforma de 'big data' para controlar las ejecuciones de los brókeres
Para su servicio TCA & Best Execution a través de su filial BME Inntech, se dirige a sociedades y agencias de valores y gestoras de fondos.
29 septiembre, 2020 13:08Noticias relacionadas
BME ha lanzado una nueva plataforma de ‘big data’ para su servicio TCA & Best Execution a través de su filial de innovación BME Inntech. Este servicio va dirigido a las sociedades y agencias de valores, así como a las gestoras de fondos.
Los informes de Transaction Cost Analysis (TCA) sirven para medir la calidad de la gestión de las ejecuciones de los distintos brókeres que intermedian las órdenes de sus clientes institucionales.
La nueva plataforma TCA & Best Execution ha logrado reducir significativamente los tiempos de computación y abre la puerta a que los usuarios puedan generar informes a medida sobre un flujo de órdenes concreto en pocos segundos. Otra de las mejoras que se ha incorporado tiene que ver con la trazabilidad y la gestión de la calidad del dato.
“Durante los últimos años, hemos visto una disminución y homogeneización de las comisiones (costes explícitos) generadas por la intermediación de órdenes. En este contexto, el coste implícito de ejecución derivado de la gestión de las órdenes cobra una importancia mucho mayor. Cada vez son más las gestoras que se apoyan en informes TCA para medir este coste implícito y utilizan esta información en su procedimiento de selección de brókeres”, señala Berta Ares, directora general de BME Inntech.
Por otro lado, con la introducción de MiFID II, las empresas de servicios de inversión están obligadas a realizar una monitorización detallada de calidad de ejecución que están obteniendo para las órdenes de sus clientes, con el fin de obtener el mejor resultado posible para ellos.
Entre otras cosas, han de poder justificar ante el regulador su política de selección de centros de negociación con datos cuantitativos. Los informes de Best Execution permiten a las entidades estimar el beneficio máximo que les aportaría añadir nuevos centros de negociación y comparar este beneficio con el coste que supone la infraestructura necesaria para ello. Esto les permite optimizar las inversiones en tecnología y justificar su política de ejecución ante la autoridad competente.