Los pequeños accionistas de Barón de Ley están en pie de guerra. Apenas suman un 9,6% del capital de la bodeguera, pero están dispuestos a hacer oír su voz para que la compañía mejore hasta un 44% el precio que está dispuesta a desembolsar para comprarles sus acciones y proceder a su propia exclusión bursátil.

La operación, que se anunció hace más de dos meses, ya se ha remitido formalmente a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) para que esta otorgue su plácet. Y eso es lo que los minoritarios quieren evitar a toda costa. Consideran que los 109 euros por acción que Barón de Ley se ha comprometido a pagar suponen “un precio bajísimo” y consideran que el importe mínimo a desembolsar debería rondar los 157 euros.

La cifra procede de los cálculos que ha llevado a cabo el gestor Marc Garrigasait, responsable del fondo de inversión español Panda Agriculture & Water Fund, de la firma catalana Gesiuris. En declaraciones a Invertia, el artífice de estos números denuncia que “existe una falta total de credibilidad sobre los informes de valoración, que nadie lee porque son documentos de 200 páginas como mínimo”.

Primeros en denunciar

Garrigasait critica que aquí es donde está “la trampa” de la opa de exclusión de Barón de Ley. No obstante, según ha comentado con este portal, aún lamenta más que se trate de “una práctica extendida” en las operaciones de este tipo en el mercado español. Tanto que, en su opinión, llega a constituir una de las flaquezas que “explican que el Ibex 35 vaya mucho peor que otros índices”.

El gestor del Panda Agriculture & Water Fund, uno de los fondos que forman parte del 9,561% del capital de Barón de Ley que todavía escapa del control del accionista mayoritario de la vitivinícola, Mazuelo Holding, se ha convertido en abanderado del todavía disoluto grupo de inversores minoritarios que reclaman una opa más justa para sus intereses. Aunque otras voces ya se han alzado también.

En este sentido, la junta de accionistas celebrada el pasado 18 de septiembre como mero trámite administrativo para sacar adelante la operación ha supuesto un primer punto de contacto para unos inversores que prometen dar batalla. Y se espera que lo hagan sumando fuerzas.

“Ahora es el momento”, sentencia Garrigasait, sabedor de que si la CNMV tiene a bien escuchar sus reivindicaciones será mientras revisa la documentación que la cotizada le ha remitido para obtener el visto bueno a sus planes. Y esa revisión ha comenzado ya con fecha del pasado miércoles 30 de septiembre.

Tipos desorbitados

Conviene recordar que, según la ley vigente, el supervisor cuenta con 20 días hábiles para anunciar su dictamen final sobre la operación una vez que admita a trámite el folleto de la misma. Y para decir si esto ocurre, tan solo se establece un plazo de siete días hábiles desde que la institución considere que la documentación presentada está completa y es concorde.

Aquí, tal y como señala el gestor de Gesiuris, es donde entra en juego el análisis de la documentación auxiliar aportada para el proceso. Así, denuncia que en el informe de valoración elaborado por Renta 4 “se dice que el tipo de interés del dinero sin riesgo es del 2,9% cuando estamos en un mercado de tipos negativos y los bonos españoles a diez años tienen rendimientos apenas superiores al 0,2%”.

Este informe enfocado en justificar la bondad de los 109 euros por acción tampoco se tiene en cuenta. Eso es lo que han denunciado los minoritarios en una misiva que ya han hecho llegar a la CNMV. Dicen que Barón de Ley es “una de las empresas vitivinícolas cotizadas a nivel global con mejores márgenes de beneficios y Ebitda”, incluso más allá del doble de la media del sector.

De tal manera consideran “inexplicable” que se haya señalado un múltiplo de valoración “inferior al de todos sus competidores cotizados en bolsa” e incluso más bajo que el empleado en opas recientes del sector en el mercado español, como CVNE y Bodegas Bilbaínas.

El precio justo

La firma independiente Avantage Capital es asesora de otro de los fondos que forman parte de la minoría accionarial de Barón de Ley, cuya gestión está precisamente confiada a Renta 4. En un informe suyo fechado en abril de 2019 ya se denunciaba que “el fundador y CEO de la bodega fue incrementando el peso de su participación hasta el 48% en 2017 sin poner un euro de su bolsillo”. En este sentido se recuerdan las sucesivas recompras y amortizaciones de acciones propias que fueron engordando su peso relativo.

Los cálculos de Garrigasait, que critica la “indefensión de los minoritarios” ante una operación que incluso podría terminar liquidándose con ventas forzosas, establecen un precio mínimo razonable de entre 151,63 y 157,43 euros por acción, según el método que se emplee entre los que están reconocidos en la normativa española.

En su opinión, una subida de incluso el 30% sobre el precio establecido ahora (hasta los 141,7 euros) sería “insuficiente para cubrir el valor que tiene la compañía”.

Sin prima

Sin embargo, su opinión es que no debería permitirse ni aceptarse ningún precio que no supusiera una cierta prima sobre el precio de mercado de una compañía. “Es algo que no ocurre en ningún otro mercado”, lamenta en declaraciones a este portal. Y sabe de lo que habla, pues el fondo que gestiona y es accionista de la bodega de vinos de Rioja ha participado ya en 21 opas en sus siete años de trayectoria.

De momento, el proceso está en sus primeras fases, pero el tiempo corre en contra de los intereses de los inversores a los que se dirige la opa. Ellos se reparten algo menos de 317.160 acciones de la compañía, pues Mazuelo Holding, el grupo de inversión controlado por Eduardo Santos-Ruiz, presidente y consejero delegado de la cotizada, es dueño de un 90,439% de la bodeguera y un 1,73% adicional está bloqueado en autocartera.