Los pequeños inversores se hacen cruces ante la inminente llegada de la ‘tasa Tobin’. La normativa que introduce el nuevo impuesto deja claro que son los intermediarios financieros los que deben asumirlo, pero en la industria se da por hecho que serán los inversores finales quienes terminarán soportando esta carga. Y especialmente aquellos de menor entidad.

El primer espada de una firma de gestión independiente radicada en Madrid lo tiene claro: “Hay muchas dudas con respecto a su introducción, alcance recaudatorio y funcionamiento, pero lo que es evidente es que la carga va a ser para los inversores”. Así lo comenta con Invertia para, después, explicar que si no se puede dar un traslado directo, la repercusión llegará por otras vías.

En este sentido, fuentes consultadas de distintos segmentos de la industria financiera española coinciden en señalar dos vías preferentes. La primera y quizá más evidente de ellas podría venir de unas comisiones más abultadas.

Guerra de costes

Sin embargo, en un universo en el que la guerra por reducir el coste por operación es cada vez más encarnizado, la otra alternativa toma peso. Esta consistiría en una suerte de pago periódico vinculado a los servicios de inversión contratados con cada bróker. Y es que no conviene olvidar que el pequeño inversor español construye su cartera, sobre todo, con los 'blue chips' nacionales a los que se aplicará el gravamen.

Un informe elaborado por Bankinter en febrero, cuando la ‘tasa Tobin’ comenzó el largo periplo parlamentario que ahora está a punto de completar, era contundente al respecto: “Los brókeres que que intermedian la compraventa de acciones no tendrían más remedio que repercutírsela al cliente”. Una conclusión que de manera más o menos explícita han ido repitiendo en los últimos meses los nombres más insignes de la inversión en España.

Aquí cabe señalar hacia las crecientes exigencias de transparencia, identificación de costes y división entre gestión y análisis que han ido imponiendo sucesivas normativas europeas. Unos cambios que han puesto en un brete a muchas firmas del sector, especialmente a las de tamaño más modesto, que en los últimos años han sufrido un constante incremento de costes sin encontrar correspondencia en la parte de ingresos.

La directora de análisis de la consultora especializada VDOS, Paula Mercado, reconoce a este portal que “es bastante probable que el coste de las transacciones sea trasladado por las entidades financieras al inversor particular, reduciendo así la rentabilidad de sus inversiones”. Una advertencia que casa a la perfección con los cálculos que ha venido realizando Inverco, la patronal del sector, en los últimos meses.

Un roto del 7%

El presidente de la institución, Ángel Martínez-Aldama, no ha perdido ocasión para criticar que “ni es una tasa ni la va a pagar el señor Tobin, lo van a hacer los inversores y ahorradores españoles”. En conversación con Invertia, no tiene duda alguna de que el gravamen se repercutirá porque “es un impuesto que se establece para un servicio específico, como el de intermediación”. Además, asegura que en el caso de los fondos colectivos, “el impacto vendrá sobre el valor liquidativo” al tener que deducir el impuesto del precio que marquen las pantallas.

Además, los técnicos de Inverco han calculado que la tasa restará un 2,6% de su rentabilidad a los fondos de inversión sobre acciones españolas en los 10 primeros años de vigencia. Una tasa que en el caso de los planes de pensiones alcanzaría el 2,3% en el mismo periodo y engordaría hasta el 7,4% a 25 años, un plazo más que razonable para una inversión con miras a la jubilación.

En este punto, de nuevo son los pequeños inversores los que corren el riesgo de quedar en peor situación. Y es que los institucionales tienen acceso a clases de fondos con comisiones mucho más reducidas que las genéricas, las conocidas como ‘clases limpias’. Además, se quedarían más a resguardo de una previsible subida de comisiones por el hecho de que por las características de sus carteras suelen generar unos rendimientos más abultados para sus gestores.

Y aún con todo lo anterior, los expertos en fiscalidad apuntan a otro factor desfavorable para los inversores nacionales de perfil menos sofisticado. Mientras que los extranjeros e institucionales tienen un más fácil acceso a operaciones fuera del mercado oficial regulado, los movimientos de los minoristas españoles se circunscriben casi en su totalidad a esta plataforma, donde el rastreo por parte de las autoridades es mucho más sencillo.

Opacidad y coronavirus

En este sentido, varias voces de la industria destacan que, aunque la norma prevé el gravamen de las operaciones con independencia de dónde se celebren, lo cierto es que hay plataformas opacas donde la vigilancia de que esto se cumpla se vuelve más que complicada.

No hace falta ir más lejos que al propio Ministerio de Hacienda para encontrar opiniones en este sentido. Y es que así lo han reconocido los propios técnicos de Gestha, que no dudan en indicar que la aplicación del tributo se topará con “dificultades técnicas” para conseguir las cifras de negociación de ciertas plataformas y algunos intermediarios financieros extranjeros. Algo que, en su opinión, apunta hacia un “agravio comparativo” más para los inversores locales.

Un estudio publicado por Funcas hace solo unos días insiste en la misma línea de discurso al señalar que este gravamen adicional “puede exacerbar la carga fiscal e incentivar respuestas de conducta negativa, como transferir la carga económica del impuesto a los clientes”.

Pero no solo eso, también se apunta al riesgo de deslocalización: que los inversores españoles -y extranjeros también- apuesten cada vez menos por los grandes valores españoles. Sobre este punto, los responsables del estudio advierten de que sería posible que algunos gestores renuncien a seguir los mejores criterios de diversificación para decantarse por “invertir en valores que no están incluidos en el alcance del impuesto”.

En esta categoría entrarían, además de los mercados extranjeros donde no se aplica aún una tasa similar, las cotizadas con menos de 1.000 millones de capitalización. Un umbral que, por otro lado, ha reducido sensiblemente el alcance del impuesto tras el impacto del coronavirus en la bolsa española.

Enero: cuenta atrás

Y es que el objetivo de 850 millones de euros anuales de recaudación que fija Hacienda se antojan cuanto menos “ambiciosos” en el sector. Y es que, además, aún está pendiente el desarrollo de los modelos de tributación y la instauración de los sistemas que permitan el correcto conteo de operaciones por cliente en cada bróker.

Se prevé que estos detalles se irán puliendo a lo largo de los tres meses que contarán desde que el texto definitivo de la norma esté negro sobre blanco en el Boletín Oficial del Estado (BOE) hasta su entrada en vigor. Sin embargo, algunas voces del sector siguen considerando queel calendario es demasiado apretado y habrá retrasos.

Desde BME, la sociedad rectora de las bolsas españolas, se suman a las críticas frente a la ‘tasa Tobin’ que este miércoles recibía una estrecha luz verde en el Senado. La toma de control de la sociedad por parte de la suiza Six Group no ha cambiado el discurso. El actual consejero delegado de la compañía, Javier Hernani, tildaba la iniciativa de “medida equivocada” al destacar que “restaría competitividad a España frente a otros mercados europeos”.