La presidenta de Unespa, Pilar González de Frutos, ha criticado duramente la posibilidad de que el Gobierno resucite el IVA a la sanidad privada dentro de su plan presupuestario. Aunque todo apunta a que el Ejecutivo ha descartado esta posibilidad, desde el sector no se fían y tachan este posible plan como "irracional".
Durante el XI Encuentro Financiero organizado por KPMG y Expansión, la patronal de los seguros ha explicado que la sanidad privada es de doble pago en España. "Esto quiere decir que todos los que tienen acceso al sistema privado y no sea funcionario, financia además la sanidad pública con sus impuestos", explican.
González de Frutos cree así que el sector privado ya está gravado indirectamente sin necesidad de contar con un impuesto específico.
En este sentido, considera que los planes del Gobierno por gravar al sector, desembocarán en una "deslocalización de estructuras y profesionales hacia otros países", si finalmente se da el caso.
"Actuar contra la sanidad privada es actuar contra 8,5 millones de españoles, en realidad contra todos", ha indicado González de Frutos, insistiendo en que la colaboración público-privada es clave para el sector, también en el ámbito de la cobertura de las pensiones, impulsando los planes privados individuales y de empleo.
Riesgos para el sector
El director general de Seguros y Pensiones, Sergio Álvarez, que también ha participado en el evento, ha defendido la fortaleza del sector asegurador frente a la pandemia. En concreto, ha indicado que la crisis ha afectado a la solvencia de la industria, pero con una incidencia muy moderada, dejando sus niveles siempre por encima del 200%.
"Es cierto que al principio de la crisis había cierto temor por el riesgo de liquidez" ante situaciones como el incremento de los rescates, la reducción de ingresos, la propia caída de los activos en cartera... Sin embargo, el director del organismo dependiente del Ministerio de Economía asegura que, finalmente, "no ha habido problemas de liquidez en el caso asegurador".
Incluso los planes de pensiones han resistido el envite de la crisis. Según ha informado Álvarez, en España, y tras el supuesto excepcional de liquidez que se creó para que los afectados por la pandemia pudieran retirar sus ahorros, los reembolsos han sido bastante limitados. En concreto, apenas 60.000 ahorradores en ERTE han retirado unos 100 millones de euros de los fondos de pensiones durante la crisis.
En este sentido, desde la patronal Inverco recuerdan que en las situaciones de liquidez en periodos de crisis, los planes de pensiones han pagado 3.700 millones de euros a casi 700.000 familias por desempleo o enfermedad grave, en los últimos diez años.
Asimismo, destacan que cada año los planes pagan 4.300 euros de media para complementar la jubilación a 400.000 familias y también ayudan a las empresas españolas, en tanto que 46.000 millones de euros, un 40% de su patrimonio, está invertido en empresas nacionales. Por ello, insisten en pedir al Gobierno que no disminuyan los incentivos fiscales a los planes individuales sin antes desarrollar los planes de pensiones de empresa.
Riesgos más allá de la crisis
Álvarez ha insistido en los riesgos que afronta el sector asegurador más allá de la pandemia. Entre otros, los bajos tipos de interés y el envejecimiento de la población que obligan, a su juicio, a repensar los productos ofrecidos a los clientes.
Por un lado, el escenario de bajos tipos obliga a las aseguradoras a buscar inversiones más rentables. Es decir, a asumir más riesgo en las carteras que puede suponer más carga de capital. En este sentido, Álvarez ha indicado que los ahorradores se están convirtiendo en inversores a través de productos como los unit linked, en los que los aseguradores asumen el riesgo de la inversión.
En cuanto al aumento de la esperanza de vida, Álvarez indica que los seguros de vida riesgo tendrán que ser inferiores ante este escenario, indicando que está previsto un mecanismo de actualización permanente para calcular las provisiones a realizar para pagar lo comprometido con los asegurados de vida.