El Gobierno ya ha hecho sus cuentas sobre la vuelta de tuerca en la tributación de las socimis anunciada esta semana. La subida de impuestos se traducirá en una inyección de apenas 22 millones de euros para las arcas públicas, únicamente un 2% de lo que estas sociedades de inversión inmobiliaria reparten entre sus accionistas a modo de dividendos.
Desde la industria ya se venía descontando que la medida exigida por Unidas Podemos tendría un impacto reducido en su balance, pero ha quedado en negro sobre blanco en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) que este miércoles han llegado al Congreso de los Diputados para comenzar su tramitación parlamentaria. De hecho, es la medida fiscal que menos impacto recaudatorio tendrá de las recogidas en el documento.
Desde el Gobierno de coalición se justifica que, a pesar de los números previstos, esta medida es necesaria por el incremento del beneficio fiscal que estaba provocando “el auge” de estas sociedades. En este sentido, el proyecto presupuestario estima este trato diferencial a las socimis supondría 108 millones de euros, un 2,1% más que en el ejercicio en curso.
Caída de beneficios
Un salto que, además, se explica por “la brusca y excepcional caída que se prevé para 2020 en los resultados contables” de estas empresas. En este sentido, las moratorias de alquiler a los grandes tenedores de vivienda y la caída de precios que está sufriendo el sector se convierten en sus principales obstáculos.
En cualquier caso, tal y como se esperaba, la cosecha asociada a esta subida tributaria se retrasa hasta el ejercicio 2022. Y es que el incremento del Impuesto sobre Sociedades al 15% no será de aplicación hasta los resultados anuales del sector correspondientes al ejercicio 2021. Y eso siempre y cuando esta hoja de ruta sea definitivamente aprobada.
Incertidumbre
Más que el impacto que el nuevo gravamen supondrá para el sector, lo que se denuncia desde dentro es la inseguridad jurídica que crea en unas empresas en las que la inversión extranjera es clave. Una circunstancia que se refleja bien en el hecho de que las dos socimis del Ibex 35 han ahondado en sus mínimos históricos desde que se anunció la medida.
En este sentido, una de las alteraciones que la iniciativa supone para el sector tiene que ver con su intención de flexibilizar el pago de dividendos al accionista. Una reclamación que venían aireando desde abril, poco después del estallido de la pandemia, y que había abanderado Javier Basagoiti, el presidente de la patronal sectorial Asocimi.
Por aquel entonces, cuando el partido morado ya tenía el punto de mira puesto en su fiscalidad, Basagoiti reconocía a Invertia que “la flexibilización del requisito legal para el pago del dividendo con cargo a resultados de 2019” sería “conveniente” y “positiva”. Sobre todo, en atención a la situación de liquidez que atraviesan varias de estas sociedades.
Antes de que llegaran las cautelas introducidas por la Covid-19 que han llevado a algunas socimis a limitar sus dividendos a los umbrales mínimos exigibles por ley, en 2019 repartieron un total de 1.254 millones de euros entre sus accionistas. Un 60% más que hace un año, según recoge un informe elaborado por BME y JLL España que ha visto la luz coincidiendo con la reforma fiscal.
Dividendos
Esta cifra se distribuye entre 816 millones de euros repartidos por las 75 socimis de BME Growth, el antiguo MAB, y 437 millones por las cuatro socimis cotizadas en el Mercado Continuo. Unos volúmenes que, según el estudio, se traducen en rentabilidades del 6,2% y del 3,4%, respectivamente.
El cambio tributario contemplado en los PGE consiste en que la partida de beneficios que no sea distribuida como dividendo por las socimis pase a tributar al 15% en lugar de disfrutar de una exención total como hasta la fecha. Este trato diferencial se justificaba en potenciar al máximo la distribución de caja fuerte entre los accionistas, que tenían la obligación de rendir cuentas al fisco por estas retribuciones como rendimientos del capital en el tributo correspondiente ya fueran personas físicas o jurídicas.