Según fuentes conocedoras de los planes consultadas por Bloomberg, Tupperware está planeando entrar en protección judicial después de haber incumplido los términos de su deuda y tras reclutar asesores legales y financieros.

Los preparativos para la quiebra se producen después de prolongadas negociaciones entre Tupperware y sus acreedores sobre cómo gestionar más de 700 millones de dólares (casi 630 millones de euros) de deuda. Con todo, los planes no son definitivos y podrían cambiar.

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Los acreedores acordaron este año darle un respiro en las condiciones del préstamo, pero la empresa ha seguido deteriorándose durante todo este tiempo.

Tupperware lleva años advirtiendo de dudas sobre su capacidad para mantenerse en el negocio. En junio planificó el cierre de su única fábrica en Estados Unidos y el despido de casi 150 empleados.

El año pasado, sustituyó al consejero delegado, Miguel Fernández, y a varios miembros del consejo de administración como parte de un esfuerzo por dar un giro a la empresa, y nombró a Laurie Ann Goldman nueva consejera delegada.