Según la asociación "Alto a la obsolescencia programada" (HOP) esa medida, adoptada por el fabricante sin prevenir al consumidor, supone un delito que puede provocar hasta condenas de cárcel a los responsables de Apple.

La asociación recordó que Francia es el único país del mundo donde la obsolescencia programada es un delito, por lo que señaló que, a diferencia de Estados Unidos, la denuncia se investigará por la vía penal.

HOP llevó a Apple ante los tribunales después de que la marca de la manzana reconociera haber ralentizado algunos modelos antiguos con el fin de preservar la duración de su batería.

Para la asociación, que asegura tener 20.000 militantes, detrás de esta medida se esconde un objetivo comercial, el de promover la venta de los modelos más modernos.