La reforma de las pensiones avanza viento en popa a toda vela. El Gobierno ya tiene claro cómo va a lograr la sostenibilidad del sistema que, en definitiva, pasa por sanear las cuentas de la Tesorería General de la Seguridad Social. Para ello, se prepara para traspasar parte del gasto de la institución a los Presupuestos Generales del Estado. 

Así lo señala el Plan Presupuestario que ha remitido a Bruselas y en el que se especifica que el objetivo "a corto plazo es culminar el proceso de separación de fuentes de financiación" de la protección contributiva y no contributiva. Esto supone "un paso decisivo para recuperar el equilibrio financiero", destaca el documento. 

¿Qué significa esto? Básicamente que el Estado "asumirá vía impuestos" algunas partidas de gasto que en estos momentos se pagan a través de cotizaciones sociales y que "limitan" la capacidad del sistema para afrontar el aumento de gasto que se avecina en los próximos años. 

Los recortes 

En concreto, la idea del Ministerio de Seguridad Social pasa por traspasar a los Presupuestos Generales del Estado (y por ende a la vía impositiva) el abono de todas aquellas prestaciones de carácter no contributivo.

Se trata, en definitiva, de traspasar reducciones a la cotización a la Seguridad Social por fomento del empleo, prestaciones por nacimiento o cuidado de hijos, el complemento de pensiones por maternidad o las subvenciones implícitas a regímenes especiales o el coste de complementar lagunas de cotización para el cálculo de la pensión de jubilación. 

Con esta decisión, el Ejecutivo de Pedro Sánchez confía en dar cumplimiento a la exigencia de Bruselas de garantizar la sostenibilidad de las pensiones. Un elemento clave a la hora de conseguir que las ayudas europeas para paliar los efectos de la Covid-19 lleguen sin ningún tipo de problema hasta las arcas públicas. 

El documento señala también que durante el 2021 el Estado va a transferir a la Seguridad Social 13.929 millones de euros para cubrir buena parte de esos gastos. No puede olvidarse que, por ahora, estas modificaciones no pueden llevarse a cabo ya que requieren el acuerdo del Pacto de Toledo y la ratificación posterior por el Congreso de los Diputados.

Aumento de la pensión 

Sea como sea, lo que el Gobierno sí explica a Bruselas es que en 2021 los pensionistas verán incrementadas las pensiones en base al IPC, algo que está en estos momentos cerrándose también entre los distintos partidos políticos. El coste total de la medida asciende a 1.439 millones de euros. 

Además, durante el próximo ejercicio se va a equiparar el permiso de paternidad y el de maternidad a 16 semanas, con coste de 307 millones de euros.