Ha vuelto. Un año después de la última intentona del Gobierno por poner en marcha la conocida como ‘tasa Tobin’, el equipo de Pedro Sánchez ha recuperado el proyecto de establecer un gravamen específico para las transacciones financieras con acciones españolas. Sin embargo, aunque cuente con el decido respaldo de Unidas Podemos, los expertos dudan de que el nuevo impuesto pueda estar listo antes de que acabe el año.

“Aprobaremos el Impuesto sobre las transacciones financieras consistente en gravar las operaciones de compra de acciones españolas ejecutadas por operadores del sector financiero”. Esta es la ambigua frase que recoge el acuerdo para “conformar un Gobierno progresista de coalición” entre el PSOE y Unidas Podemos y que ha vuelto a poner sobre aviso a toda la industria. Y es que, como ocurre con el resto de iniciativas contenidas en el documento, no se habla de condiciones, ni de tipos a aplicar ni de ningún otro detalle.

Lo que sí se ha constatado desde el sector es que en lugar de hablarse de operaciones de compraventa o de compras netas como se había hecho hasta ahora, se apunta únicamente a las “operaciones de compra de acciones españolas”. La coletilla de que sean ejecutadas “por operadores del sector financiero” la califican desde la industria de “innecesaria” y “redundante”, ya que todas las transacciones en bolsa española deben ejecutarse por un bróker autorizado, aunque lo se busque con esta afirmación sea dar la idea de que el impuesto no está pensado para gravar a los inversores, especialmente a los de carteras más modestas.

En cualquier caso, lo que sí se pone en duda desde el sector es que la ‘tasa Tobin’ que ahora se diseñe pueda estar lista antes de fin de año por mucho consenso que llegue a alcanzar. En este sentido, se recuerda que más allá del establecimiento de un gobierno liderado por Pedro Sánchez, es necesario que el nuevo impuesto sea aprobado por ley, con todo lo que ello conlleva. La última vez, hace un año, que se contempló esta medida como parte de los Presupuestos Generales del Estado, la falta de consenso para su aprobación provocó el hundimiento del Ejecutivo y la convocatoria anticipada de elecciones generales.

CUESTIÓN DE CALENDARIOS

La cuestión de los tiempos para la aplicación de la posible norma fiscal se encuentra además con otro obstáculo: el desarrollo tecnológico y estructural que requeriría el registro de las operaciones de compraventa de acciones acorde con las obligaciones que finalmente fijase esta ley. En otras palabras, la industria defiende que, en función de la información que se requiera aportar, no podrá ser una cuestión de ‘dicho y hecho’, sino que se deberán fijar periodos de adaptación o transitorios antes de la entrada en vigor completa de la tasa.

Por si todo lo anterior fuera poco de por sí, desde un despacho jurídico especializado en regulación de mercados financieros se recuerda que el proceso de desarrollo en países europeos donde el impuesto ya está vigente ha sido largo. Asimismo, se apunta que medidas de carácter urgente que afectan al sector, como el establecimiento del ‘sandbox’ fintech, acumulan fuertes retrasos debido a la ausencia de un gobierno estable en España en los últimos tiempos.

A la espera de que Pedro Sánchez pueda ser finalmente investido presidente, cree un nuevo gabinete de Gobierno y comience a funcionar la máquina legislativa del Estado, la ausencia de datos sobre cuál es la propuesta que realmente quieren plantear los socialistas y sus socios ha impedido que los principales actores del sector se lancen a valorar la iniciativa. En su mayoría se remiten a las declaraciones y cálculos que dieron a conocer hace un año, pues consideran que en realidad la propuesta definitiva variará poco con respecto a la ‘tasa Tobin’ que se presentaba en aquellos fallidos Presupuestos Generales.

El consejero delegado de BME, Javier Hernani, considera que “imponer un impuesto sobre las transacciones financieras de las acciones españolas es una medida equivocada y que restaría competitividad a España frente a otros mercados europeos”. Una valoración en la que coinciden muchos de los intermediarios que operan en las bolsas españolas que gestiona esta compañía y que ha visto como -sin necesidad de la nueva tasa- sus volúmenes de negociación se han contraído un 18% a lo largo de 2019.

Hace ahora un año, los mismos técnicos del Ministerio de Hacienda calificaban las previsiones recaudatorias del Gobierno de “sobrevaloradas”. Tanto que desde Gestha se llegaba a poner en duda que aquel 2019 se pudiera llegar a recaudar un solo céntimo por este tributo. Una situación fácilmente extrapolable a lo que pudiera ocurrir este año, ya que, si entonces el Gobierno sí que estaba conformado y contaba con plenos poderes, ahora está en funciones y pendiente de renovación para dar cabida, al menos, a varios representantes de Unidas Podemos.

LAGUNAS EN UN PROYECTO COMÚN ABANDONADO

Entre el escepticismo de todo el sector, reaparece una ‘tasa Tobin’ que nace de un proceso de cooperación reforzada en el que se embarcaron 11 países de la Unión Europea en 2012 ante los intentos infructuosos de establecer una medida de este tipo en todos los países miembros del club comunitario. De aquel pacto no queda casi nada y “las dificultades técnicas” para conseguir las cifras de los intermediarios financieros extranjeros apuntan hacia un agravio comparativo para las firmas españolas, que sí están sujetas a un control más directo por parte de las autoridades nacionales.

Asimismo, se apunta a que el impuesto que inicialmente se concibió como un freno para las operaciones especulativas se queda desdibujado si lo que se gravan son los volúmenes netos diarios y no las entradas y salidas sucesivas en un mismo valor con escaso margen de tiempo. Igualmente, la aplicación del tributo solo a las acciones españolas dejaría fuera del alcance de la ‘tasa Tobin’ a valores que incluso forman parte del Ibex 35, como es el caso de ArcelorMittal, pues la acerera está domiciliada en Luxemburgo.

Por último, desde algunos ámbitos del sector se critica -desde otros se celebra- que todo parece indicar que el gravamen indulta por el momento la operativa con derivados como los futuros, los contratos por diferencia (CFD) y las opciones binarias, entre otros.

De momento, en lo que todos coinciden es en que “nadie se pone a trabajar en implementar una medida hasta que no es definitiva”, como aseguran desde un conocido banco de inversión español. Como hace un año, varias firmas reconocen que más allá de seguir la información que aparece sobre el tema no han llevado a cabo ninguna otra iniciativa, ni siquiera cálculos de lo que la tasa podría suponer en su operativa o de cómo podría terminar afectando la medida a la factura de corretaje de los inversores vía comisiones de ejecución y gestión.