Hace ahora dos años que el equipo que entonces formaba el Gobierno encabezado por Pedro Sánchez comenzaba el camino hacia el establecimiento de un impuesto a las transacciones financieras en España. El tributo, más conocido como 'tasa Tobin', ha dado este jueves su primer paso en el Congreso hacia su implantación definitiva en el país con el rechazo de las enmiendas a la totalidad del proyecto de ley que lo articula.

El Congreso de los Diputados ha rechazado este jueves las enmiendas a la totalidad del proyecto en las que los grupos parlamentarios PP, Ciudadanos y Vox pedían devolverlo al Gobierno y paralizar su tramitación. Las formaciones que conforman el actual Gobierno de Sánchez, PSOE y Unidas Podemos, han contado con el respaldo del resto de grupos, puesto que 196 votos han rechazado las enmiendas frente a 152 de apoyo y ninguna abstención. Se ha repetido, por tanto lo que ya ocurrió hace una semana con la 'tasa Google'.

De esta manera, el Proyecto de Ley del Impuesto sobre las Transacciones Financieras, que es el nombre oficial del gravamen, salva su primer trámite y pasa ahora a la discusión de las enmiendas sobre determinados artículos en la Comisión de Hacienda. De este modo, en el ámbito parlamentario se da por hecho que el texto definitivo de la norma podría estar listo entre septiembre y octubre, de manera que llegaría a tiempo de implantarse antes de fin de año.

Dificultades recaudatorias

En este caso, como ya explicó Invertia, a las dificultades recaudatorias que ya han quedado en evidencia en países donde ya se están aplicando impuestos similares, se sumaría el efecto adverso de la caída provocada por la crisis del coronavirus en las cotizaciones sobre las que se calcula el impuesto. En este sentido, los cálculos del Gobierno para un año entero de aplicación son de 850 millones de euros, si bien todo dependerá también de qué operaciones queden finalmente exentas del gravamen.

En este sentido, los dos partidos que conforman el Gobierno han introducido una enmienda para 'indultar' los planes de recompra de acciones. Por su parte, el PP y el PNV, entre otras formaciones, han solicitado que se exima de este gravamen a las operaciones realizadas por fondos de pensiones, mutualidades de previsión social y entidades de previsión social voluntaria (EPSV). Además, los populares han pedido que dejar al margen de este tributo las operaciones realizadas por fondos de inversión sostenible que sigan criterios ASG, así como las acciones entregadas en 'scrip dividend'.

Traslado al inversor

En opinión del grupo socialista, el hecho de que el principal grupo de la oposición hubiese presentado estas enmiendas al articulado ya hacía intuir que no sería capaz de recabar apoyos para tumbar la iniciativa. Varios de los grupos defensores de su implantación han puesto el foco en que el sujeto tributario serán los intermediarios y no los pequeños inversores. Sin embargo, lo cierto es que el tributo deja fuera de su alcance a los derivados más especulativos y desde la industria se da por seguro que el coste añadido se trasladará al cliente, si bien los asesores fiscales ya han dado con fórmulas para evitar el pago.

Con esta iniciativa, España se desmarca del proceso de cooperación reforzada en el seno de la Unión Europea, que ha estado dando tumbos sin concreción desde el año 2011. La falta de acuerdo sobre qué tipos fijar, qué operaciones gravar y cuál sería el destino del importe recaudado, junto con las dificultades para encajar el nuevo impuesto en los ordenamientos jurídicos de cada país, dejaron el proyecto en manos de solo 11 países, del que progresivamente se han ido descolgando algunos hasta quedar solo siete.

Nueve años de tumbos

El Gobierno de Mariano Rajoy llegó a contemplar ingresos por 640 millones de euros en sus Presupuestos Generales para 2015 por este concepto. Sin embargo, nunca llegó a producirse un pacto completo para su introducción. Lo mismo que le ocurrió a Sánchez en el otoño de 2018.

Fue en enero del año pasado cuando el Gobierno español aprobó por primera vez una iniciativa en esta línea. Sin embargo, la propuesta definitiva que este jueves ha superado su primer trámite pasó el aprobado del Consejo de Ministros en febrero de este año. La mayoría de su articulado se repite, y se resume fundamentalmente en un gravamen del 0,2% sobre las adquisiciones netas diarias de acciones de cotizadas españolas con una capitalización superior a los 1.000 millones de euros con independencia del mercado o plataforma en donde que se produzca la operación.