Nuevo capítulo en la guerra judicial que tiene abierta Azvalor contra su exjefe de análisis, Víctor Moragas. La gestora y el analista pugnan por el despido de este último, que tuvo lugar el 16 de mayo de 2019. Moragas siempre ha defendido que fue improcedente, mientras que la firma lo califica de disciplinario.

En verano, la sentencia número 130/2020 del Juzgado de lo Social número 34 de Madrid condenó a Azvalor a readmitir a Moragas e indemnizarle económicamente. La gestora optó por la readmisión sin presencia efectiva pero asumiendo sus costes sociales y laborales, si bien emprendió un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Entretanto, el mismo juzgado (el juez Antonio Seoane García) ha emitido una ejecución provisional a petición de Moragas en la que obliga a Azvalor a satisfacerle 203.000 euros.

En este documento, al que ha tenido acceso Invertia, Seoane condena a Azvalor a que satisfaga a su exdirector de análisis durante la sustanciación del recurso el importe de los salarios dejados de percibir “a razón de 203.000 euros o 16.966,67 euros mensuales, con la misma periodicidad mensual que antes del despido, y a que le abone las diferencias entre dicho importe y las cantidades abonadas efectivamente con el interés legal incrementado en dos puntos” desde la fecha de la notificación a la empresa.

Además, “con expresa condena en costas en el trámite”, según el auto. Aunque no se detalla esta cantidad.

La gestora que lideran Álvaro Guzmán de Lázaro, Fernando Bernad, Beltrán Parages y Sergio Fernández-Pacheco está asesorada legalmente por el despacho Andersen Tax & Legal. Por su parte, a Moragas le asesora el bufete Suárez-Perejuán.

Laberinto judicial

Moragas solicitó la ejecución provisional de la sentencia porque en los primeros meses recibió una cantidad mensual unas tres veces menor de lo que ahora se estipula, según fuentes próximas al caso. No obstante, estas mismas fuentes aseguran que hay más demandas de cantidades pendientes de interposición, en lo que califican de “laberinto judicial”.

Preguntadas por este medio, fuentes de Azvalor aclaran que esto “no es una segunda condena, sino solo una aclaración”, y que “la sentencia actual no es firme”. “Azvalor cumplirá con lo que solicita el juez mientras está en recurso, aunque está en desacuerdo. Si el TSJ Madrid dictamina próximamente que no hay que readmitirlo conforme a la tesis de Azvalor, se le dejaría de pagar y Azvalor reclamaría las cantidades abonadas”, explican estas fuentes.

El bonus

La cantidad de los 203.000 euros está calculada en base al salario fijo más la retribución variable prorrateada. Pero las fuentes de Azvalor consultadas critican “la incongruencia de pagar a alguien un bonus referido a 2020 pero con criterios del 2019, más cuando los mercados financieros han caído tanto este año y el resto de gestores y analistas de Azvalor cobrarán un variable mucho más reducido”.

No obstante, "procede la íntegra estimación de la solicitud ejecutiva dado que la pretensión de la parte ejecutada carece de cualquier sostén en la legalidad", escribe el juez en el auto. Y sigue: "La pretensión de la demandada/ejecutada resulta extravagante porque pretende que las retribuciones variables del actor, cuyo promedio del año anterior se incluyen en el salario declarado probado, se abonen durante la tramitación del recurso por su importe actual (mes a mes, entendemos)".

Y añade: "De este modo, se pone de manifiesto que la pretensión oculta es no satisfacer esas retribuciones variables. Incidiendo en la pretensión de enriquecimiento injusto que, sin embargo, pretende imputar a su contraria procesal".

El analista, que trabajó para la boutique de fondos durante dos años y medio, interpuso la demanda ante lo social por despido y violación de derechos fundamentales y libertades públicas, “como reacción a la formulación de ideas sobre métodos de trabajo empleados y la petición de cumplimiento de condiciones laborales publicitadas”.

Por el contrario, Azvalor siempre ha defendido que el despido fue disciplinario y motivado por tres causas: una exigencia de una retribución “inasumible e injustificada”, no compartir las tesis de inversión de la gestora -Moragas habría pretendido seguir un método propio que "no podía explicar a los clientes" para construir las carteras- y la ubicación física de su puesto de trabajo.

El caso se enturbió con la acusación pública del primero de supuestas prácticas irregulares, con uso de información privilegiada, por parte de Azvalor. Ante estas acusaciones, la entidad puso una querella penal contra Moragas “por calumnias, injurias, extorsión, coacciones y amenazas”.